Con la firma de varios certificados de retenciones de la Seguridad Social y del recurso a requerimientos de pago, el alcalde de Cangas se ha estrenado como presidente de la Mancomunidade do Morrazo, cargo que llegó a insinuar que no asumiría. Nada más hacerlo, "porque non había máis remedio", nombró vicepresidenta a la teniente de alcalde, Berta Pérez, amparándose en el artículo 7.2 de los estatutos, y le delegó "todas as funcións que se poden delegar", que no concretó y entre las que no está la firma de documentación oficial. "Non quero ser eu quen enterre políticamente a Mancomunidade", justificó, antes de enumerar las tres razones principales que le obligan a actuar con urgencia: la falta de viabilidad, la necesidad de salvar un servicio "esencial" (y el único que asume), como es la recogida de basuras, que "nestes momentos peligra", y porque apremia hacer frente a una serie de requerimientos de pago y de organizar el funcionamiento del ente supramunicipal.
Antes de tomar la decisión, Sotelo hizo consultas jurídicas y mantuvo un par de reuniones con el interventor de la Mancomunidade a la vez que jefe del ORAL, Miguel Santiso, para asegurarse su continuidad en el cargo y conocer el "estado real" de las cuentas, que arrojan una deuda de 17,4 millones de euros. De esta cifra, 6,8 millones corresponden a Sogama; 6,3 millones a Urbaser; 2,4 a Isolux Corsan; 1,5 millones a FCC y casi un millón (exactamente 954.184 euros) a la actual adjudicataria del servicio, GSC, con cuyos representantes Sotelo se comprometió a "normalizar os pagos" antes de que finalice el mes de marzo y siempre que la empresa corrija deficiencias y cumpla a rajatabla las condiciones del contrato en aspectos como el reparto de contenedores, su limpieza o la frecuencia de recogida de la basura.
El plan de pagos que el nuevo presidente piensa elaborar se hará "sen subir as tarifas, polo menos de momento", aunque advirtió que el recibo más común (67,8 euros, fraccionado en dos pagos semestrales) que afrontan los morracenses es "o máis baixo" de toda a provincia, que abandera Pontevedra con 111 euros. También piensa reducir la deuda con otras medidas, como recurriendo la sentencia que obliga a pagar más de seis millones a Urbaser, empresa a la que le atribuye irregularidades como el abandono del servicio, facturas mal elaboradas o transporte sin justificar , entre otros. "Probablemente lograremos rebaixala á metade, se se acepta o noso recurso no TSXG", augura.
Reparto de cargas
También anuncia Sotelo una revisión del reparto de cargas entre los tres concellos. Asegura que Cangas soporta el 49,15% del total, cuando solo representa el 43% del padrón, mientras que Moaña debería asumir el 32% y solo atiende el 28%, y que Bueu tendría que subir también su porcentaje en algo más de un punto. Reconoce que la gran mayoría de los ciudadanos de los tres municipios está pagando los recibos y que, "se no se desvían os cartos", lo recaudado llegaría para cubrir los costes de la recogida de la basura. "Outra cousa é o tratamento", matiza
Esa redistribución y la necesidad de adoptar decisiones urgentes, como la organización y constitución de los órganos de gobierno, están entre los asuntos que quiere trasladar a los demás alcaldes, a los que convocará en la planta de transferencia de residuos de A Portela "para esta próxima semana".
