La alcaldesa de Cangas se expone a pagar una multa coercitiva de 500 euros por deudas contraídas por el Concello con la empresa Seragua-FCC en los años 2002 y 2003 por importe de 696.452 euros y reclamadas por vía judicial. La Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dirigido un escrito a la regidora advirtiéndole de que le impondrá dicha multa –"al funcionario o encargado de su cumplimiento", dice textualmente– si el Concello no da explicaciones convincentes del estado de ejecución de la sentencia antes del próximo día 26, fecha en que termina el plazo concedido. Se trata del primer apercibimiento de sanción que tendría que asumir personalmente la alcaldesa, del BNG, que, paradójicamente, lleva varios meses sin cobrar del Concello tras el acuerdo plenario promovido por la oposición que forman Partido Popular, Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) y la concejala no adscrita para retirarle el salario.

La advertencia del TSXG responde al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la unión temporal de empresas (UTE) Seragua-FCC contra el silencio administrativo a las reclamaciones de 7 de diciembre de 2001, así como del 25 de enero, 14 de abril y 30 de julio de 2002, que suman 696.452,07 euros. En aquellas fechas gobernaba el PP, con José Enrique Sotelo en la Alcaldía. "En cumplimiento de lo acordado [...] le dirijo el presente a fin de que informen a esta sala, en el plazo de un mes, del estado que mantiene la ejecución de la sentencia resolutoria del presente proceso", reclama el Tribunal gallego, "y ello con expreso apercibimiento de imposición de multa coercitiva de 500 euros para el caso de desatención a lo ordenado". El escrito está fechado el 22 de septiembre y llegó al Concello cinco días después, por lo que el plazo se cumplirá el próximo martes.

Advertencias

Se trata de la primera advertencia de este tipo que se recibe en el Concello de Cangas, aunque a otros regidores gallegos, como los de Mondoñedo y Ribadeo, en Lugo, ya les han llegado escritos similares por impagos a empresas y proveedores. La medida provocó el rechazo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), cuyo presidente y alcalde de Ames, Carlos Fernández, señaló que estas decisiones judiciales "suponen una afrenta al municipalismo" y deja desamparados a los mandatarios locales por decisiones de las que no siempre son responsables, por lo que apuntó la posibilidad de suscribir , a través de la Fegamp, un seguro de responsabilidad colectiva.