El gobierno de Lalín deberá someter al pleno la aprobación de una remesa de facturas por importe de 11.957 euros, cuando el abono de estos servicios podría ser liberado en junta de gobierno local. El nuevo interventor municipal, Fidel García, ha tomado una decisión que podría sentar un precedente en el caso de que la convierta en una práctica habitual para aquellos gastos realizados sin contrato y que se repiten periódicamente. Por ello entiende que la competencia para pagar las facturas recae, según la normativa legal, en el pleno y previamente acompaña su informe de un reparo. Esta práctica es común en los concellos, que en caso de que no haya una partida presupuestaria cerrada o los suministros no estén sujetos a un contrato previo, sus funcionarios responsables de los servicios económicos realizan observaciones o advertencias en aras de la necesidad de que la normativa se cumpla a raja tabla.
Pero en este caso ordena el traslado, previsiblemente ya al próximo pleno, de este reconocimiento extrajudicial de crédito. Visto el informe del interventor, el alcalde, Rafael Cuíña, plante a la corporación levantar el reparo correspondiente a estas facturas y la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas emitidas por varias empresas en este año.
