La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), radicada en A Estrada, sigue imparable en su proceso de recuperación de buena parte de las competencias en el ámbito judicial que había perdido hace unos años. Así lo demuestra el hecho de que esta mañana sus instalaciones acogiesen por cuarta vez la realización de la prueba de aptitud para el ejercicio profesional de la abogacía.

Fuentes de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia agregaron que esta actividad se enmara dentro de la línea de colaboración que la academia que dirige el director xeral de Emerxencias e Interior, Luis Menor, mantiene con la Administración de Justicia. Añadieron que actualmente ya se vienen realizando cursos de formación dirigidos a jueces y a magistrados y que se trabaja con la previsión de que de manera inmediata se vean ampliados los colectivos del ámbito judicial que se beneficiarán de la citada línea de colaboración. En breve se ofrecerán iniciativas formativas orientadas a fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses y abogados del Estado. Esta ampliación se produce después de que el 22 de enero el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda Valenzuela, y la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, firmaran un convenio de colaboración entre la Agasp y el Centro de Estudios Jurídicos, en un acto que también contó con la participación del propio director del Centro de Estudios Jurídicos, Israel Pastor Sainz-Pardo.

A la realización de las pruebas efectuadas esta mañana estaban convocados un total de 190 aspirantes. Afrontaron la realización de un cuestionario cuyo objetivo era acreditar la capacitación profesional de los aspirantes para el ejercicio de la abogacía, comprobando por tanto si disponen de formación suficiente y si conocen las necesarias normas deontológicas y profesionales.

Las mismas fuentes de la administración autonómica incidieron en que para acceder a la prueba era requisito imprescindible estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en Derecho así como haber superado con anterioridad los cursos de formación y el período de prácticas externas de acuerdo con el Reglamento de la Ley 34/2006 de 30 de octubre sobre acceso a las profesiones de abogado y de procurador.

Los 190 aspirantes convocados afrontaron esta mañana la realización de unas pruebas consistentes en la resolución de un cuestionario sobre materias comunes al ejercicio de la abogacía y cuestiones sobre la especialidad jurídica elegida, bien sea esta la civil-mercantil, la penal, la administrativa-contenciosa o bien la laboral.

Desde la Vicepresidencia de la Xunta se quiso aclarar también que “no existe limitación alguna en el número de aprobados” y que la prueba -de cuatro horas de duración- se califica simplemente como apta o no apta.