El próximo 1 de enero entra en vigor el Decreto 988/2017, que regula anteriores normas de cara a la aplicación de la Política Agraria Común (PAC). Una de las novedades que incorpora, en aras de frenar el cambio climático, es que no podrá aplicarse el purín con los sistemas actuales de plato, cañón ni abanico, sino que habrá que emplear inyectores que entierran el abono y que emiten menos metano a la atmósfera.

El Ministerio de Agricultura publicó el decreto en el BOE del pasado día 11, pero su desarrollo compete a las comunidades autónomas. Desde Unións Agrarias se espera que las comunidades más afectadas (las de la cornisa cantábrica así como Castilla y León) hagan un frente común para conseguir una moratoria y evitar así sanciones por incumplimiento. "No estamos en contra de la norma, sino de las formas", explica el secretario comarcal del sindicato, Román Santalla. "Este cambio se hizo sin ningún tipo de comunicación al sector, de modo que si los afectados queremos cumplir con el nuevo sistema desde enero, será imposible porque no habrá aparatos para todos". Estos aplicadores tienen que llevar un sistema de trituración para materiales que suelen mezclarse con el abono, como la paja. Su precio oscila entre los 12.000 y los 30.000 euros, y a día de hoy aún es una maquinaria rara en el mercado.

Santalla, que está a la espera de que la conselleira de Medio Rural convoque un encuentro con el sector, planteará la necesidad de poner en marcha una mesa de negociación, a la vez que se consigue una moratoria de transición hasta el año 2020 y se habilita una línea de ayudas que permita a los ganaderos adquirir estos nuevos sistemas. Su elevado precio ya obliga a muchas pequeñas explotaciones a plantearse el cese de actividad, porque las cisternas actuales con las que trabajan tendrían que readaptarse para poder utilizar esos nuevos inyectores. "Si logramos una moratoria, muchas empresas podrían desarrollar un sistema de adaptación", argumenta Santalla.

El peligro que encierra este decreto es que, si los ganaderos no cumplen con la nueva normativa, podrían no cobrar la PAC el año que viene. Eso sí, la norma contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas apliquen excepciones en determinadas zonas, atendiendo a características relacionadas con su orografía o con el clima. Por otra parte, la medida, según Medio Rural, tampoco afectará a las granjas más pequeñas.