Un dictamen no vinculante del Consello Consultivo de Galicia propone a la Xunta una indemnización de 19.754 euros a los dueños de la Carballeira da Crespa, que habían presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial por una expropiación luego anulada por sentencia judicial de predios anexos al Paseo do Pontiñas de Lalín en los que se instalaron esculturas y una gran mesa de granito.
La reciente resolución está encaminada a resolver una demanda de los afectados, que habían pedido una indemnización de un millón de euros por gastos de diferentes procesos en los que se vieron inmersos; entre ellos, daños psicológicos, morales y materiales. Éstos últimos son los únicos que cuantificó de manera expresa, en 163.922 euros, mediante informe pericial aportado a la reclamación. El proceso, si bien comenzó antes, en julio de 2014 los damnificados -con varios frentes judiciales abiertos contra Xunta y Concello- formularon alegaciones a una instrucción anterior del Consello Consultivo en el sentido de entender que la indemnización debía ascender a la cuantía resultante de aplicar el porcentaje del 25% a la valoración del terreno fijado en el informe pericial de fecha 23 de noviembre de 2014 aportado al contencioso-administrativo, que ascendía a más de 3,6 millones de euros. A comienzos de este año se dio trámite de audiencia a la parte actora y en febrero los dueños de las fincas formularon alegaciones a la misma. Ya en marzo pasado es cuando el Consello Consultivo dicta su propuesta de resolución y fija en 19.754,79 euros el importe de la indemnización y decide dar traslado del expediente a la Consellería de Medio Ambiente. Del montante económico definitivo a abonar a la parte afectada, 16.627 euros tendrían que ver con la indemnización por la ocupación de la parcela y los restantes 3.127 a costes de reposición del predio a su estado original.
En las consideraciones de la resolución se indica que la reclamación parte a raíz de una expropiación de Aguas de Galicia con motivo de las obras la segunda fase del paseo fluvial, luego anulada judicialmente. Los propietarios de la finca alegaron entones que se les había privado legalmente de la posesión de su bien durante diez años, lo que implicó una limitación al derecho de disponibilidad de la misma.
