El vecino de Bendoiro que ocupó ilegalmente un camino público en el lugar de Vilasoa deberá reabrir este paso antes del próximo día 14. Este es el plazo que le dio el Concello mediante una resolución de la Alcaldía el pasado 21 de junio y que establecía que el particular debía tomas las acciones encaminadas a la recuperación de la posesión pública del vial en un plazo de 15 días contados a partir del siguiente de la recepción de esta comunicación.
La notificación del decreto fue firmada por el secretario municipal, César López Arribas, el 23 de junio y en la misma se expone que el vecino debe reponer el paso que une una pista de Vilasoa con otra de Santiso a la situación primitiva mediante la retirada de la zona de siembra que habilitó, así como de cuantos otros obstáculos pudiese haber en el mismo. El particular, que resultó condenado por la justicia junto con el Concello, en caso de que haga caso omiso a este requerimiento podría enfrentarse a multas. O que la ejecución del fallo judicial se realizase mediante una ejecución subsidiaria de los trabajos. Esta decisión se tomará cuando el Concello pueda verificar si el particular atendió o no el requerimiento que, por cierto, ya fue remitido al juzgado.
La ocupación de este camino público trascendió a comienzos de junio. Entonces FARO adelantó que una sentencia del Xulgado de lo Contencioso- Administrativo Número 2 de Pontevedra daba la razón a una vecina en su pleito contra el ayuntamiento como institución pública demandada y también contra el vecino que habría ocupado irregularmente este vial. También hubo una condena a costas de 500 euros. Los hechos parten cuando la parte recurrente presentó un contencioso contra la desestimación presunta del ayuntamiento sobre la solicitud de defensa y recuperación de la posesión del citado camino de Vilasoa. Tras ser admitido a trámite se acordó reclamar al Concello el expediente administrativo y se citó a las partes a juicio el 23 de mayo. La vecina expuso que el otro particular demandado habría realizado un acopio de tierra y aró el último tramo del camino, además de defender que la zona de actuación era de titularidad pública o que la administración municipal no resolvió en ninguna dirección. El fallo también expone que el Concello se negó a atender las pretensiones de la denunciante y se alegó extemporaneidad del recurso al entender que se interponía contra la desestimación por silencio administrativo de petición realizada por última vez en octubre de 2015. Esta sentencia contraria al Concello tuvo alcance político. El PP acusó al gobierno local de no defender el interés general y sí el de personas "con afinidades políticas". Y pidió la comparecencia del alcalde, Rafael Cuiña, aprobada para el próximo pleno.
