Más de 4.000 inmuebles serán incorporados al padrón municipal de Lalín y comenzarán a tributar ya este año tras la finalización del proceso de regularización catastral impulsado por el Estado en todos los municipios españoles con cargo a una normativa que inicialmente debía llevarse a cabo dentro del período 2013-2016, pero que en casos se extendió a este curso. La Dirección General de Catastro comenzó a rastrear el municipio lalinense el año pasado en busca de propiedades sin dar de alta y el resultado son exactamente 4.114 bienes que se sumarán al registro municipal y, en consecuencia, los propietarios de los mismos, comenzarán a tributar por ellos.
De los más de cuatro millares de altas realizadas por la empresa contratada por Catastro para realizar los trabajos de campo, en este rastreo salieron a la luz 1.100 nuevas construcciones sin declarar y otros 2.300 casos corresponden a ampliaciones en inmuebles preexistentes. Además, otros 660 casos tienen que ver con reformas, 14 altas son de piscinas y 40 de bajos urbanos que cotizaban como garajes, pero que en realidad funcionan como locales comerciales y que ahora pasarán a tributar así. Estos datos fueron desglosados ayer por el concejal Francisco Vilariño y por su compañera Teresa Varela, que comparten las áreas de recaudación y hacienda en el gobierno lalinense.
Vilariño insistió en que este procedimiento parte del Estado y es de obligado cumplimiento para todos los municipios españoles a excepción de los de Euskadi. Enfatizó en que no se trata de una revisión catastral promovida por el propio concello, sino que se trata de una ley estatal con la que se busca actualizar el padrón de los bienes particulares. A falta de concretar los datos y la localización de los bienes, en estos más de cuatro millares de altas entran alpendres, garajes, establos, casas, chalés, edificios urbanos o explotaciones ganaderas; es decir, todo tipo de inmuebles a los que en consecuencia están sujetos a una tributación.
Los representantes del ejecutivo lalinense indicaron que las notificaciones de Catastro a los particulares comenzarán a llegar a finales de este mes y en las mismas ya se advierte de que los dueños de los bienes incluidos en el padrón municipal deben abonar 60 euros por expediente tramitado. Es decir, en caso de que un vecino construyese un alpendre, un garaje y un inmueble residencial y que no registrase su alta, está obligado a pagar 60 euros por cada una de las tres propiedades. En los trabajos, además de concretar qué tipo de inmueble se registró, se establecen los metros que tiene, usos y su valor catastral.
Vilariño cuestionó al Ministerio de Hacienda por impulsar esta regularización "que tiene un claro afán recaudatorio" y dijo que "estamos ante un decreto que puede estar pensado para el Paseo de la Castellana de Madrid, pero que no recoge la realidad de nuestro territorio". "El Estado solo pretende dar altas y cobrar", significó, además de indicar que el ejecutivo municipal nunca sería favorable de impulsarlo en estas condiciones, si bien defendió que exista una lucha contra el fraude.
En clave local comparó este proceso con la "bajada histórica" de tributos decidida este año por el gobierno lalinense relativa al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), "que ya no se puede bajar más legalmente". Y cuestionó la potencia de valores aprobada hace años que, incluso a día de hoy, provoca que la tasación de los inmuebles sea mucho más elevada que su valor de mercado.
