Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha puesto patas arriba parte de la financiación municipal referida al cobro del denominado impuesto de plusvalías. La resolución del Constitucional, en un sentido u otro, era muy esperada desde que años atrás comenzaron a sembrarse dudas acerca de la legalidad de que las administraciones locales aplicasen el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), no tanto por lo que representa en sí mismo este tributo potestativo, sino por que el contribuyente estaba obligado a cumplir con la ordenanza aunque en una operación inmobiliaria el valor del bien transferido fuese a pérdidas o por debajo del valor inicial.
La clave del fallo afecta al funcionamiento del gravamen y considera inconstitucional que se aplique a las operaciones en que el vendedor no gana dinero, algo que sucede en la actualidad y que para el Alto Tribunal "carece de toda justificación razonable". Pues bien, este cuestionado impuesto se aplicó durante años en cuatro de los nueve concellos de Deza y Tabeirós y en todos los gallegos de más de 20.000 habitantes. Por motivos diferentes, Lalín ya lo eliminó este año de sus ordenanzas -forzado por la oposición-, mientras que en Forcarei la corporación acordaba hace solo unos días de forma unánime quitar las plusvalías. Mientras, A Estrada y Silleda, en principio, lo mantienen. La sentencia del Constitucional podría trasladarse a los municipios gallegos y este paso podría tener consecuencias otras consecuencias más severas como una posible devolución del dinero al contribuyente. En el caso de los cuatro concellos de la zona, ingresaron durante la última década unos 2,4 millones de euros por la venta de inmuebles. Así se deduce de los balances presupuestarios y en algunos casos ya con los números de las liquidaciones contables. La alegría con la que se movió el sector inmobiliario en Lalín en los últimos tiempos favoreció al Concello a la hora de engrosar sus arcas municipales con impuestos directos y también con las plusvalías. Así las cosas, de los 2,4 millones obtenidos por estos cuatro concellos de las comarcas en diez años, casi 1,6 corresponden a la capital dezana. Precisamente fue el pasado curso cuando Lalín obtuvo más ingresos en este concepto, pues las plusvalías dejaron en las cuentas públicas 400.053 euros. En 2015 las transferencias fueron de 218.000 euros y 330.000 se liquidaron en la cuenta de 2014. En las anualidades anteriores las cuantías, aunque relevantes, fueron mucho más escasas. Hace ahora cuatro años la recaudación fue de 128.523 euros y de 80.000 doce meses antes. En 2011 la cifra se situó en 114.540 euros y en 2010, en 69.450. Entre los años 2006 y 2009 los balances se movieron entre un mínimo de 44.700 y un máximo de 91.300 euros.
En A Estrada las plusvalías supusieron al Concello en diez años aproximadamente 680.000 euros. En ningún caso, atendiendo a las previsiones presupuestarias, la compraventa de bienes inmuebles dejó en las arcas municipales más de 125.000 euros. Fue en 2010 cuando se logró el tope máximo, mientras que para el pasado ejercicio estaban previstos 70.000 euros. En 2014 fueron 77.300 y otros 46.000 al año siguiente. Menos repercusión en las cuentas públicas han tenido las plusvalías en Silleda en estos diez años, ya que la cuantía asciende a unos 120.000 euros. Para el pasado ejercicio se consignaron 20.000 y casi 26.500 euros fueron ingresados hace ahora siete años. Y menos repercusión tuvo este tributo potestativo todavía en Forcarei, que en las dos últimas anualidades su gobierno había presupuestado unos ingresos de solo 2.000 euros.
Cada concello es libre, con la legislación vigente, para decidir si cobra o no este tributo. Al mismo tiempo también está capacitado para establecer importantes bonificaciones en casos de traspasos de primeras viviendas. En el caso de Lalín el Partido Popular forzó a finales del año pasado al grupo de gobierno a quitar un impuesto que había sido impulsado por los anteriores gestores municipales. Algunos de los partidos que ahora sustentan el ejecutivo pidieron la supresión de estas plusvalías, pero ya en el poder el cuatripartito había apostado por una reducción progresiva del mismo hasta su cancelación definitiva.
