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A expensas de posibles devoluciones

El caso que desarrolla el TC ilustra la problemática del impuesto, pues se produce tras la denuncia de una empresa que compró un inmueble por 3,1 millones de euros en 2003 y lo vendió por 600.000 en 2014 tras la depreciación causada por la crisis. A pesar de ello, aplicando el valor catastral, debió abonar 17.900 euros de plusvalía. A raíz de la sentencia del TC, ahora se abre un escenario en el que tanto concellos como juristas consideran que es el primer paso para forzar un cambio legal que podría obligar a los municipios que aplican ese impuesto a afrontar indemnizaciones millonarias por los casos en que ingresaron fondos de vendedores que perdieron dinero con sus transacciones, opción que han considerado clara voces como el Colegio de Economistas de Pontevedra. El impuesto de plusvalía es voluntario y en Galicia lo aplican 115 de sus 314 municipios, que en 2015 batieron el récord del ejercicio anterior hasta alcanzar los 41 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda.

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