La Consellería de Medio Ambiente efectuará en junio su inspección periódica anual al vertedero de inertes de Campomarzo, en Silleda, que gestiona la firma Explotaciones Mineras de Campomarzo. Esta visita servirá para valorar "si procede tras la inspección el eventual inicio de un procedimiento sancionador" por el presunto depósito de residuos diferentes a los de construcción y demolición.
Desde hace meses el BNG de Silleda se hace eco de que en el vertedero se vacían plásticos, papeles, maderas y otros elementos sobre los que se aplica capas de tierra, cuando lo normal es que se tratasen en otros complejos. A las quejas del BNG acaba de sumarse la Asociación de Recicladores de Construcción y Demolición, Arcodega, que el pasado miércoles presentaba una denuncia ante la consellería que encabeza Beatriz Mato y en la que hacía constar estos hechos. El departamento autonómico, sin embargo, señala que "no consta que la denuncia haya llegado a la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental". En dicha denuncia, Arcodega menciona a una empresa de Coristanco, Contenedores Maracaná, como partícipe en esta gestión irregular de residuos y pide que se identifique a otras firmas que puedan estar ayudando a convertir Campomarzo en un vertedero indiscriminado de residuos.
La visita que realizarán los técnicos de Medio Ambiente en junio obedece a una revisión rutinaria, que sirve para comprobar que la empresa se acoge a las pautas que marca la Autorización Ambiental Integrada, concedida el 19 de mayo de 2010. Ello no impide, recuerda Medio Ambiente, que se efectúen otras inspecciones no programadas en caso de denuncias. La consellería recuerda que en la revisión del año pasado se detectó "una desviación consistente en la falta de acreditación documental por parte de la empresa" referida a la realización de los controles que tiene que hacer la gestora para efectuar la admisión de residuos. La Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental requirió que se facilitasen estos documentos, sin que por el momento obtuviesen respuesta. Ello, de algún modo, puede dar pie a pensar que, en efecto, se realizaron depósitos de materiales inapropiados. El asunto está también en manos del Concello de Silleda -propietario de los terrenos-. El Concello acaba de recibir informes tanto de la Xunta como de la propia empresa sobre el funcionamiento del vertedero. El alcalde, Manuel Cuiña, acaba de anunciar que, si durante esta semana la firma no entrega en el juzgado el aval de 530.000 euros, el Concello embargará los bienes de la firma para cobrar la deuda que mantiene por el impago de tasas.
