Nuevas bases para la contratación del Servizo de Axuda no Fogar

Lalín eleva en 110.000 euros el gasto anual del SAF para incrementar horas y reducir la lista de espera

El importe de la licitación ronda los 560.000 euros al año, con una duración máxima de cuatro - El objetivo es brindar atención al menos a la mitad de los 40 solicitantes en situación de dependencia que carecen de servicio

21.05.2016 | 04:55
González Casares presentó ayer el nuevo pliego. // Bernabé/Javier Lalín

El Concello de Lalín destinará más recursos al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para incrementar el número de horas y rebajar la lista de espera existente, tanto de personas en situación de dependencia como las que se benefician de la atención básica o de libre concurrencia. El contrato vigente con Galaurea está a punto de expirar y el gobierno local ha decidido redactar un nuevo pliego para modificar sus condiciones, que someterá a la consideración de la corporación municipal en su reunión plenaria del próximo jueves. Una vez aprobadas, las bases serán remitidas al Diario Oficial de la Unión Europea para su publicación y exposición pública durante un plazo de 55 días. Por tanto, la contratación del SAF todavía tardará meses en hacerse efectiva, si bien el servicio está garantizado mediante la prórroga del contrato de Galaurea.

Nicolás González Casares, teniente de alcalde y concejal de Benestar Social, dice no tener "quejas" de la empresa, aunque si se hace eco de los "problemas" que hubo hace años por cuestiones laborales. Una cuestión que ahora pretenden resolver mediante la inclusión de "cláusulas sociales" que protejan a los trabajadores encargados de prestar el servicio, "sin olvidar el objetivo final, que es la atención a los usuarios del SAF". En este sentido, el incremento de las horas de atención en la modalidad de dependencia permitirá incorporar a muchas personas en lista de espera.

El nuevo pliego de bases contempla 45.024 horas en atención a la dependencia, frente a las 39.312 que se venían prestando hasta ahora. Son 5.712 horas más las autorizadas por la Xunta de Galicia, que ostenta las competencias en atención a personas dependientes; esto supone un incremento "muy significativo" del 15%, según González Casares, que valora el "buen compromiso" del actual conselleiro de Política Social en esta materia.

El contrato del SAF es uno de los más cuantiosos que afronta el Concello, después de los de luz, agua y basura. Su valor anual asciende a 559.410,83 euros, IVA incluido, y saldrá a concurso por un período de dos años, prorrogables por otros dos más. De este modo, el montante total para los cuatros años de duración máxima del contrato ascendería a 2,23 millones de euros. No obstante, el pliego de condiciones fija un límite máximo de gasto de 2,67 millones de euros, en previsión de que la atención pueda crecer hasta un 25%. Los cerca de 560.000 euros establecidos como precio anual suponen un aumento de 110.000 euros con respecto al gasto total del SAF de 2015, que fue de 448.000 euros.

El teniente de alcalde tilda de "ambicioso" el pliego que saldrá a concurso por "aumentar las posibilidades de los usuarios". Las mejoras introducidas en las bases tienen que ver con: Teleasistencia; ayudas técnicas (sillas de ruedas, andadores o elementos de transferencia), con la incorporación de cajas de comprimidos de medicación; crédito horario de libre disposición, pues se valorará la posibilidad de acompañamiento médico a los usuarios por parte de trabajadores del SAF; o un servicio moderado de fisioterapia, que en ningún caso sustituiría al que reciben los pacientes en el centro de salud.

El servicio de atención domiciliaria llega en todo el municipio a unas 84 personas en situación de dependencia, a tenor de los datos facilitados ayer por el concejal y correspondientes al 31 de diciembre del año pasado. La lista de espera en esta modalidad era entonces de cuarenta personas y la previsión del cuatripartito es rebajarla a la mitad con el futuro contrato. El SAF de libre concurrencia da servicio a 55 usuarios, con una lista de espera de ocho personas, que se pretende liquidar con una inversión de 10.000 o 12.000 euros.

En todo caso, "no es un contrato de números, sino de personas en una doble dimensión: Atención a los usuarios y salvaguarda de los derechos de los trabajadores en un sector con salarios bajos", expone Casares, partidario de caminar hacia la "desprecarización".

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