El proceso de regularización catastral en Lalín y Silleda dará comienzo en los próximos días, después de que el ministerio contratase los trabajos a una empresa, que ya mantuvo contactos con los gobiernos de ambos concellos. El procedimiento se realizó a través de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio SA (Segipsa), que a su vez encargó el proyecto a la firma gallega Cartografía e Medicións SL (CEM). En Trasdeza personal de esta compañía, con sede en la localidad lucense de Palas de Rei comenzará con el trabajo de campo y el cotejo de información esta semana, mientras que en Lalín tardará entre 10 y 15 días.
Una vez que el plan de regularización catastral ya está contratado, en principio se cierra la posibilidad a que el Concello de Lalín pida al Ministerio de Administraciones Públicas una moratoria en la aplicación del proceso o que lo aparque hasta que no se resuelva un acuerdo tomado por unanimidad en el Parlamento de Galicia. Fuentes de la empresa gallega que realizará los trabajos admiten que existe un contrato que debe respetar y que dictamina que los dos municipios dezanos -también Dozón- se sumaron al plan plurianual 2013-2016 de Catastro para la regularización de sus construcciones. La empresa CEM es la misma, curiosamente, que trabaja para el ORAL en las altas de bienes inmuebles. Catastro toma como referencia para trabajar el listado de municipios que se va publicando en el BOE. Y el del pasado 22 de febrero incluye, en la provincia a estos tres concellos dezanos, si bien por el momento se desconoce cuándo dará comienzo el proceso de actualización de bienes en Dozón.
El proceso de regularización de las construcciones tardará en torno a siete u ocho meses, dependiendo de las particularidades de cada territorio. En Lalín, por ejemplo, al contar con un registro de construcciones mucho más elevado que Silleda, debería tardar más tiempo. Como ya había indicado la Dirección General de Catastro días atrás a esta Redacción el proceso a seguir pasa porque el ministerio o en este caso la empresa contratada para la regularización de bienes y los municipios establezcan un protocolo de colaboración que comprende el cotejo de referencias catastrales de ambas bases de datos, que se complementarán con fotografías del Plan Nacional de Fotografías Aéreas y también habrá un trabajo de campo.
Personal de Cartografía e Medicións SL será el que haga el trabajo de campo con visitas, que tendrán especial incidencia en las construcciones de uso agrario, que además comenzarán a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que hasta ahora no tributaban. El PP de Lalín, que anteayer pidió que se revocase el acuerdo de la junta de gobierno de noviembre de adhesión al plan del ministerio, cifró en más de un millar y medio las edificaciones de uso agrario que comenzarán a pagar la contribución. Su portavoz, José Crespo, planteó al grupo de gobierno que frenase este decisión, además de pedir al Gobierno Central que dejase sin efecto la tasa de 60 euros que pagará cada particular por inmueble dado de alta o la bonificación del 95% en el recibo del IBI. El ejecutivo local deberá plasmar en la ordenanza la moción del pleno -con un descuento del 95% en los recibos de bienes agrícolas- salvando las posibles irregularidades de un texto que el PP asegura tiene partes que contravienen la legalidad.
