Pleno municipal en Lalín

La corporación demanda la construcción del CAR, mejoras en el ambulatorio y atajar su lista de espera

-Casares asegura que los dueños de los terrenos podrían pedir su reversión si no se realiza la infraestructura sanitaria -El gobierno actuará en Areal aunque no sea transferida por Fomento -Licita por 900.000 euros el suministro de luz

01.04.2016 | 04:55

La corporación municipal de Lalín demanda a la Xunta la construcción del Centro de Alta Resolución (CAR), mejoras asistenciales y de equipamiento en el ambulatorio y que ataje la lista de espera en fisioterapia. La moción del ejecutivo salió adelante por unanimidad en el primer pleno tras la crisis abierta entre A Plataforma Aberta Cidadá (APAC) y BNG, tras negar el partido liderado por Lara Rodríguez Peña una dedicación exclusiva para el nacionalista Francisco Vilariño. Miembros de la plataforma presenciaron una sesión en la que los populares no hicieron quizá la sangre esperada de un enfrentamiento que el gobierno dio por finiquitado un par de días después de que trascendiese.

El teniente de alcalde y edil de Sanidade, Nicolás González Casares, denunció el desinterés del Sergas por poner en marcha el centro sanitario tras firmar varios convenios -el último suscrito por la exconselleira Rocío Mosquera y el exalcalde José Crespo en febrero del año pasado- y que los terrenos de Alto de Vales están a disposición de la Xunta. En este sentido dijo que el próximo año los antiguos propietarios de los terrenos podrían pedir la reversión de los mismos si no hay avances en el CAR. "Lo que deberíamos hacer es denunciar el convenio", exclamó Casares, aunque Crespo aseguró que no existe tal posibilidad de reversión de los predios, pues solamente sería en caso de que la Xunta confirmase que se desentiende de la infraestructura sanitaria comarcal. El teniente de alcalde puso el acento en las plazas que están sin cubrir o que están a punto de jubilarse un médico de familia y un especialista y cree que sus puestos no serán renovados. También cargó contra la lista de espera de centenares de personas en fisioterapia. La edil popular Eva Montoto cuestionó la contundencia de la exposición de motivos, en la que el ejecutivo hablaba de "desmantelamiento" de la sanidad en el municipio, acusando a Casares de ofrecer una visión demasiado catastrofista de la realidad. El edil de Sanidade mencionó que en la zona de urgencias incluso se llegó a atender a pacientes con goteras en los boxes y culpó a los gobiernos del PP en la Xunta de no haber realizado ninguna mejora ni en medios humanos ni materiales en los últimos años, recordando además que el edificio, si bien fue mejorado, su construcción data de 1970.

Reñido estuvo el debate en la iniciativa del gobierno consistente en la petición a Fomento del traspaso de la calle Areal para poder acometer obras en aceras, iluminación o seguridad vial. Crespo advirtió al equipo de Rafael Cuiña que la normativa ministerial impide traspasos de tramos de calles de titularidad estatal que estén interconectadas entre sí. Recordó que sus gobiernos, durante 20 años, trataron de lograr este objetivo y que por eso se reclamó la puesta en marcha de la nueva circunvalación exterior. "Hacen todo al revés. Primero hay que negociar con Fomento y luego traer aquí esta propuesta", dijo Crespo, topándose la respuesta del alcalde, Rafael Cuiña, de que esta cuestión había sido abordada con la ministra de Fomento, Ana Pastor. El edil de Obras, Francisco Vilariño, recordó que las carencias en la seguridad vial incluso provocaron muertes de peatones y que al margen de la posición del ministerio el Concello iba a actuar para responder a las demandas vecinales.

Por otro lado, se acordó destinar 900.000 euros a la licitación del suministro de energía eléctrica para instalaciones municipales. La edil de Facenda, Teresa Varela, explicó que el concurso es por un año prorrogable y que con este nuevo modelo se busca que el futuro suministrador emita una única factura y no 445 de una y una quincena de Hidroeléctrica de Silleda para efectivizar el trabajo de los técnicos municipales. El gobierno aprobó en solitario la bonificación del 95% en los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que comenzarán a pagar las edificaciones de uso agrario. Crespo, además de desautorizar la moción presentada por el grupo de gobierno -pactada con el de Silleda- culpó al ejecutivo local de haber pedido a Catastro esta regularización. "Fueron de campeones y la aprobaron en junta de gobierno y luego dicen que los obliga Catastro". En este sentido explicó que sí es cierto que el ministerio dio de plazo hasta este año a los concellos para realizar este procedimiento de regularización catastral -afecta a todo tipo de construcciones- pero A Estrada o Rodeiro hicieron en cierta medida oídos sordos, ganando así un año o dos para que los contribuyentes estén obligados a pagar esta contribución.

Los populares consideraron más oportuno que votar una iniciativa "ilegal" pedir una moratoria a Hacienda para que este proceso no se realizase, tomando como referencia un acuerdo del Parlamento de Galicia. Crespo detalló que en la bonificación que luego aprobaría el grupo de gobierno existían irregularidades como que el tipo impositivo del catastro urbano pudiese ser menor del 0,4%. "Esta moción la harían en Silleda, pero es una solemne chapuza, porque entre otras cosas es el particular el que tiene que pedir la bonificación". Tras pedir que este punto fuese retirado, el mismo salió adelante con los once votos de los concejales del gobierno.

En otro orden de cosas, el PP expuso una iniciativa sobre la inclusión de núcleos resultantes de la concentraciones parcelarias. Tanto el concejal del ejecutivo Xosé Manuel Hermida como el alcalde plantearon a Crespo la creación de una comisión para analizar el alcance de la propuesta, una vez que existían dudas acerca del interés de muchos vecinos. El lunes está convocada la primera reunión entre ejecutivo y PP.

Por unanimidad salió adelante una iniciativa en favor de la república saharaui, pactada por todos los partidos. El ejecutivo desestimó la petición de los populares para la creación de un punto de intercambio familiar. Casares explicó a la edil del PP Paz Pérez que la normativa era muy exigente y que el Concello no disponía de espacio físico para el mismo ni personal para su atención. Además, Cuiña dio a conocer que en la reunión con el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey, el miembro del gobierno gallego les dijo que no había posibilidad de que Lalín contase con un servicio como este. También quedó desestimada la propuesta para la creación de puntos de lectura en los centros sociales. El argumentario de María José Senande no convenció a la edil de Cultura, Lara Rodríguez Peña, quien tildó de "realidad virtual" la moción una vez que no tendría sentido llevar libros sin criterio alguno, sin estrategia programática y sin personal que coordinase este servicio. Dijo que tanto las bibliotecas escolares funcionan muy bien. Sí cuestionó el funcionamiento de la municipal por no tener un censo riguroso de sus fondos, "algo que ya advertí" o que no se controla "el robo de libros". Francisco Vilariño justificó el voto contrario a la moción del PP en la que pedía un espacio para Joaquín Loriga en el Pazo de Liñares alegando que todos el trabajo que se está haciendo corresponde a este gobierno. "Ustedes hablan de un trabajo previo, pero es falso; no hicieron nada", concluyó.

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