El Concello de Silleda acaba de liquidar la deuda histórica con los herederos de Luis Lázara Órrea, la familia a la que se le expropió una finca en 1990 para la apertura de la calle Emilio Alonso Paz. El ejecutivo acaba de abonar 57.218 euros, en concepto de intereses, desde el inicio del proceso hasta el momento presente.

Hace 25 años y tras dicha enajenación de la finca, los propietarios mostraron su desacuerdo con la tasación del terreno y acudieron al justiprecio. El Xurado Provincial de Expropiacións resolvió la cuestión en 1995, y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó sentencia firme a finales de septiembre de 1998. En ese fallo se fijaba un precio de 42.242 euros.

La sentencia de la alta instancia gallega se recurrió al Tribunal Supremo, pero el recurso fue desestimado. De ese modo, desde 2001 había una obligación de pago que ni ejecutó la familia ni asumió el gobierno municipal, por entonces del PP.

El primer pago de la sentencia se realizó el año pasado, después de un requerimiento del TSXG y que conllevaba la imposición de multas coercitivas, ya que ni se había pagado el justiprecio ni se atendieron los requerimientos del tribunal a lo largo de los últimos años. A día de ayer se procedió a la liquidación de los más de 57.000 euros citados. "Es increíble que tuviesen que pasar más de 25 años para que se resuelva este proceso", apunta el regidor, Manuel Cuiña, que atribuye el caso "al triste y largo historial de impagos de corporaciones anteriores". Explica que lamenta "que la familia Lázara no obrase en consecuencia cuando tuvo la sentencia en firme, y no hubiese solicitado la ejecución de la misma", ya que ello provocó que la cuantía de los intereses fuese superior a la de la expropiación, "ocasionando así un grave daño a las arcas municipales, y saliendo perjudicados todos los silledenses", explica.