El alcalde de Dozón solicita la baja temporal en el PP y el BNG exige su dimisión y la de su hijo

Los populares señalan que la causa contra Adolfo Campos "nada tiene que ver con su gestión municipal", pero le agradecen "el gesto" -Los nacionalistas alegan que "toma el concello como parte de sus propios negocios"

29.11.2015 | 02:58
Campos (dcha.), Crespo y Louzán (primero y segundo por la izda), en el Concello de Lalín. // Bernabé/Gutier

La detención y posterior puesta en libertad el pasado viernes del alcalde de Dozón, Adolfo Campos Panadeiros, y de su hijo y teniente de alcalde, Adolfo Campos Vázquez, en el marco de la Operación Qatedra que investiga los fraudes de cursos de formación de la Xunta provocó ayer varias reacciones políticas. El Partido Popular de Pontevedra anunció en un comunicado oficial la petición de suspensión temporal de militancia del regidor de Dozón, mientras que el grupo municipal del BNG de este municipio exigió en otro su dimisión, así como la de su vástago. Por su parte, el responsable de los populares dezanos, José Crespo, prefirió ceñirse al comunicado oficial de su partido en la provincia para añadir que "la justicia haga su trabajo partiendo siempre de la presunción de inocencia, y se le agradece el gesto para con el partido".

La escueta nota de prensa emitida ayer por el Partido Popular de Pontevedra señala que el alcalde de Dozón pide la suspensión temporal de militancia "hasta que no se aclare su situación judicial" y subraya que con esta decisión "Adolfo Campos quiere salvaguardar y no perjudicar los intereses del partido hasta que no se esclarezcan los hechos" que investiga la Agencia Tributaria y que lleva el Juzgado de Instrucción Número 1 de los de Lalín. El comunicado de los populares de Pontevedra incide en que "la causa abierta nada tiene que ver con su gestión en el Concello de Dozón, si no que es una investigación sobre el grupo de empresas en las que no ejerce tareas ejecutivas desde hace más de diez años, tan sólo una presencia honorífica". El escrito concluye recordando que el hijo y teniente de alcalde de Dozón, Adolfo Campos Vázquez, "no solicita la baja porque no está afiliado al PP".

Por su parte, el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Dozón también emitió en la mañana de ayer una nota de prensa para exponer su valoración de lo sucedido dividida en tres puntos. En ella, los nacionalistas exigen "la dimisión" de Adolfo Campos Panadeiros y Adolfo Campos Vázquez, alcalde y teniente de alcalde, respectivamente. El Bloque también indica que "el PP, si es que tiene código ético, como afiliados y cargos públicos de esta organización política, tome de una vez cartas en el asunto exigiendo su expulsión inmediata del cargo público que representan". El tercer aspecto que destacan los nacionalistas en su escrito es que "con las numerosas sentencias que acumula el alcalde de Dozón en su contra durante toda su carrera política, y que venimos denunciando sistemáticamente desde el BNG, se demuestra que este señor no tiene dolor del erario público y somete a la población a sus intereses económicos personales, al tomar el concello como parte de sus propios negocios". El comunicado del BNG de Dozón concluye diciendo que "consideramos que desde el viernes no puede permanecer un minuto más en el cargo por ser una vergüenza para el pueblo de Dozón al participar en un juego mafioso, al parecer contrastado, de malhechores".

Cabe recordar que los agentes de la Guardia Civil de Lalín también detuvieron el pasado viernes a dos sobrinos del mandatario de Dozón, David Campos Cortés y S.C.C. Los cuatro están imputados por los delitos de estafa, falsificación en documento mercantil privado y fraude de subvenciones de la Unión Europea, según informó la Guardia Civil, que por vez primera no realizó un comunicado oficial de lo sucedido en este operativo policial. Todos ellos declararon a lo largo del día en las dependencias del cuartel de Lalín, y ahora están obligados a presentarse en el Juzgado Número 1 de Lalín, que entiende del caso, siempre que lo requiera su titular. La investigación de la Operación Qatedra partió de una actuación de la Agencia Tributaria del pasado mes de agosto en relación con la empresa lalinense Prosem Consultoría Energética, acusada de un supuesto fraude fiscal por, presuntamente, recibir fondos de la Xunta para la organización de cursos de formación que, luego, en determinados casos, ni llegaban a impartirse. La empresa implicada en el asunto habló en su momento de acusaciones "rotundamente falsas".

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