La implantación gradual de una conciencia medioambiental propia de los países más avanzados o una mejores condiciones de vida entre los ciudadanos son algunos de los objetivos que persigue el Concello de Lalín con una exigente ordenanza medioambiental que entrará en vigor el próximo año. El propio grupo de gobierno es consciente que para dar cumplimiento a la misma habrá que hacer mucha pedagogía, pues los hábitos no se cambian de la noche a la mañana. Las múltiples normas fueron cuestionadas desde el PP, en esencia, por entender que no partían del consenso con algunos de los agentes sociales o económicos, pero el ejecutivo cree firmemente en que para mudar comportamientos es preciso tomar medidas. Y las hay: sanciones de hasta 750 euros para los casos considerados más leves y hasta 3.000 para las conductas vandálicas con el mobiliario urbano, vertidos incontrolados en espacios públicos o privados o depósito de desechos en zonas cuando se ponga en peligro la salud de las personas o el deterioro de espacios ambientales protegidos.
Desde el próximo año se controlarán cuestiones aparentemente menores como tirar una colilla o un chicle en la calle, orinar en espacios públicos, depositar plásticos de silo agrícola en los contenedores de la basura, papel o cartón en la rúa, pegar carteles en espacios públicos o tirar a los colectores restos de las matanzas de animales domiciliarias. Estas son algunas de las infracciones leves. Como lo que se pretende sobre todo es aminorar la producción de desechos, a primera vista parece que lo que pretende el ayuntamiento es que haya papeleras cada escasos metros. Lejos de esta posición y en relación a las políticas ambientales más avanzadas, no habrá más recipientes. La responsabilidad de cada ciudadano será la de aminorar su producción de basura. Para solventar cuestiones tan obvias como el que un fumador no tenga que guardarse la colilla en el bolsillo de su chaqueta, una solución que se valora es el reparto de unos recipientes para depositar los cigarros. Este modelo sí funciona en otras zonas como en la costa, pero tras varios años de experiencia las colillas no han desaparecido todavía de las playas.
El eterno debate sobre la gestión de la basura permanece vivo, pero en este caso el ayuntamiento tiene claro que el modelo que aplicará la Diputación provincial es el más avanzado. Compostaje, reducción y reutilización son tres palabras de una filosofía que persigue una mejor calidad de vida. Pero también está la económica. Los concellos generan una gran cantidad de residuos impropios y eso se nota cuando llega la factura de Sogama. Y para eso solo hay dos alternativas: o tirar permanentemente de recursos públicos para no repercutir el desequilibrio constante del servicio al ciudadano o tomar medidas, cuyo resultado está por ver.
Las coercitivas son en casos irremediablemente las más efectivas. Si no hace tantos años el uso del cinturón en un vehículo era opcional, hoy parece impensable no ponérselo para conducir y hasta aquí algunos han llegado rascándose la cartera varias ocasiones. También tendrán que abonar sanciones aquellos que tiren restos de demoliciones de obras; esos que tanto abundan en los montes de la zona, algunos ya tapados por la propia naturaleza. La entrada de perros en parques infantiles, abandonar basura en la calle, no depositarla en su contenedor específico, quemar plásticos o tirarlos a un colector son ejemplos de casos graves, con sanciones estipuladas de entre 701 y 1.500 euros. El éxito de esta ordenanza depende ahora del compromiso de los ciudadanos y de la propia autoexigencia de los gobernantes.
