Un cuestionario sobre las características físicas de los tomos de datos que atesoran los registros civiles y las características físicas de estos están reforzando el temor a su privatización. En teoría, el cuestionario en cuestión -enviado por el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Registros y el Notariado- se envía después de que el ministerio adjudicase por casi 120.000 euros la contratación de un sistema de gestión documental y lógica archivística para el Registro Civil. Pero las preguntas están escamando a quienes, como ocurre en A Estrada, vienen denunciando los planes del ministerio de privatizar el Registro Civil con los consiguientes para la ciudadanía: alejamiento de los usuarios y fin de la gratuidad del servicio.
Así lo explicó el delegado sindical del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) por la provincia de Pontevedra, Enrique Araujo Martínez, haciendo alusión a un cuestionario que incluye preguntas relativas al número de metros de estantería que ocupan los tomos del Registro Civil, el grosor medio de estos o su estado de conservación pero también otras relativas a las características físicas del edificio. En este sentido, se pregunta si dispone de ascensor o montacargas, de muelle de carga y descarga o si tiene acceso directo desde la calle. Son preguntas "sospechosas" para quienes defienden la necesidad de que este servicio siga siendo gratuito y prestándose en los juzgados para facilitar el acceso al mismo de la ciudadanía. En A Estrada, los defensores de la continuidad del Registro Civil y de los juzgados de paz de Forcarei y Cerdedo mantienen viva su reivindicación con concentraciones semanales a las 12.00 horas de los viernes. Ayer mismo tuvo lugar otra.
Mientras, el STAJ señala que Justicia está negociando la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles. Según Araujo, así lo admitió recientemente el subsecretario de Justicia, al anunciar una ampliación del período de "vacatio legis" de la normativa que preveía retirarlos de los juzgados antes del 22 de julio, pasándoselos a las autonomías o a las grandes ciudades. Araujo atribuye la moratoria a que se ha visto frustrada la negociación con los registradores de la Propiedad y subraya que cederle el Registro Civil a los registradores mercantiles aun tendrá peores consecuencias en materia de alejamiento del servicio de la ciudadanía.
Así, subraya que A Estrada perdería su Registro Civil. Y es que, indicóAraujo, en la provincia no hay ninguna villa que tenga registrador mercantil. Solo hay uno en Pontevedra y dos en Vigo. Cederles el Registro Civil sería perjudicial para los ciudadanos, subraya. El STAJ intensificará si es preciso su movilización.
Mientras, la comisión informativa de Organización del Concello de A Estrada dio ayer luz verde a la adhesión de A Estrada al informe del Colegio de Abogados de Pontevedra que rechaza la reforma de la ley que conllevaría la supresión del partido judicial de A Estrada, del Registro Civil y de los juzgados de paz de Forcarei y Cerdedo. La adhesión de A Estrada a ese texto será refrendada por el pleno de A Estrada en julio.
Por otra parte, cabe destacar que prácticamente todos los profesionales de los juzgados de A Estrada, abogados, procuradores, Guardia Civil (incluso agentes destinados fuera) y fiscales brindaron ayer en el Pazo de Xerlís un cálido homenaje de despedida a la jueza Ivana Aisa Muíños. Esta, que cesó a principios de mes como jueza titular del Juzgado Número 1 de A Estrada para irse a un juzgado de Las Palmas, no pudo evitar emocionarse.
