A comienzos del pasado mes de septiembre, el Concello de A Estrada anunció el inicio del expediente para recuperar los terrenos que frenan el avance de las polémicas aceras que se construyen en la parroquia de Codeseda. La intención de la administración local era recuperar los terrenos que consideraba "ocupados indebidamente" por los propietarios de dos edificaciones. En concreto, se trata de dos franjas de 57 y 41 metros en el lugar de A Sagrada. El Concello notificó la situación a los interesados y abrió un plazo para que pudiesen aportar pruebas que les reconociesen como dueños. El alcalde estradense, José Antonio Dono, confirmó ayer que, en base a los informes obtenidos, el gobierno desestimará el recurso de estos propietarios en el transcurso de la próxima sesión, el lunes, de la Xunta de Goberno Local.

El primer edil informó que será hoy cuando tenga ocasión de recabar mayor información sobre este expediente tras consultar con la secretaria municipal cuál es el próximo paso que corresponde tomar. El alcalde explicó que los afectados presentaron un escrito en el que, según explicó, no presentaron pruebas que los determinen como propietarios de los terrenos en los que se programa continuar con la ya dilatada construcción de estas aceras.

En referencia a cuándo podría retomarse la obra, Dono apuntó que, tan pronto como el asunto esté resuelto, su intención es poder comunicar a la Diputación de Pontevedra que tiene los terrenos a su disposición para avanzar en la ejecución de esta infraestructura.

El ejecutivo estradense solicitó a comienzos de este año un informe pericial a una empresa especializada para esclarecer esta cuestión. En concreto, se pedía a la firma una memoria que pudiese discernir si los terrenos en cuestión son de titularidad pública o privada. En base a la información facilitada en su momento, la conclusión de la empresa fue que los predios pertenecen a la antigua Feria de Codeseda y que su titularidad es comunal y, por tanto, de carácter público. Para alcanzar este dictamen, los técnicos estudiaron informes facilitados por entidades de índole diversa, caso de la Gerencia Territorial del Catastro, el Registro de la Propiedad, el Arzobispado de Santiago de Compostela o la Diputación Provincial de Pontevedra.

Cuando se anunció que el Concello iniciaría el expediente para recuperar estos terrenos se apuntó que, en el caso de que no se presentasen alegaciones o pruebas que contradijesen el criterio municipal, la administración local podría ejercer acciones con la intención de recuperar la posesión de los terrenos comunales. Se había indicado que para ello podría requerirse a los usuarios que los desocupasen en el plazo máximo de 15 días.