Entre las miles de mujeres que el pasado jueves salieron a la calle en Vilagarcía de Arousa para demandar igualdad efectiva de derechos, estuvo María Dolores "Mariló" Oriola, decidida a dar a conocer su caso, a que alguien la escuche y la ayude a resolver un capítulo de su vida que hace 25 años que quiere cerrar: la relación con el que fue su marido.
El caso es que una sentencia le ha reconocido el derecho a su parte en los bienes gananciales, así como a una deuda acumulada por impago de pensión que todavía no ha podido satisfacer en su totalidad.
"Quiero romper el silencio de sufrimiento de todos estos años; reivindicar que me den lo que me pertenece. Tengo el alma herida, por eso salí a la calle, porque no encuentro salida a este asunto", declaró Mariló Oriola.
La mujer recuerda que se casó en 1980 tras cuatro años de noviazgo. Pero con el matrimonio comenzaron los cambios, ya que su marido no la dejaba trabajar, ni tampoco seguir estudiando, por lo que se dedicó a las labores de ama de casa y cuidado de los dos hijos. La pareja compró un bajo donde el marido montó la primera clínica de rehabilitación que hubo en Vilagarcía, (curiosamente con el nombre del padre de ella); actividad que compatibilizaba con su trabajo en el centro médico de la ciudad.
Tras trece años de matrimonio, pidió la separación en 1993. "Sufrí malos tratos psicológicos y físicos. Él me dejaba escritos en la casa culpándome de todo; incluso cuando nos separamos planteó que no estaba capacitada para atender a los hijos, algo que no era cierto. Yo me quedé con mis hijos", declaró.
La mujer inicialmente recibió una pensión, al igual que sus hijos, pero con el tiempo fue acumulando una deuda con ella por la cual tuvo que volver a reclamar en los Juzgados. Además, a pesar de ser la propietaria de la mitad del bajo en la que estuvo funcionando la clínica de rehabilitación de su exmarido, no logró hacerse con su parte.
Tras varias reclamaciones judiciales, logró en 2011 una orden de embargo del 30% del salario que cobraba él en su trabajo en el Sergas. Al menos así iba reduciendo la deuda. Pero su exmarido se jubiló en septiembre del año pasado, por lo tanto cambió de pagador, y desde entonces ella no ha recibido ninguna cantidad.
Volvió a informarse con su abogado y le dijeron que tenía que volver a hacer una instancia su procurador en el Juzgado para que se vuelva a cursar la orden de embargo al Instituto Nacional de la Seguridad Social. El problema es que los funcionarios judiciales están de huelga, solo están atendiendo casos urgentes y el suyo parece que está aparcado.
Tampoco se ha resuelto el reparto del bajo que ahora está cerrado. Ella consiguió embargarlo por la parte que le corresponde pero ahora le dicen que tiene que ir a subasta. Otro trámite judicial que eterniza su proceso de divorcio de hace 25 años. "Solo quiero lo que es mío y acabar con este capítulo para poder vivir mi vida con tranquilidad", apuntó.
