No habrá comisión de investigación en Vilanova para clarificar los términos en los que se realizaron tres contratos laborales fijos, incluidos en la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La mayoría con la que cuenta el Partido Popular en la corporación tumbó sin ningún tipo de explicaciones una propuesta socialista en la que se reclamaba una serie de datos que el alcalde eludió facilitar. El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán lo explicó poco antes de finalizar el pleno, en su última y única intervención, en la que indicó que "este pleno se solicitó el mismo día en que se votaba el convenio entre Diputación y este Concello para acometer una piscina, por lo que está claro que esto es una cortina de humo de alguien que ha tenido la poca vergüenza de perjudicar a su pueblo por un plato de lentejas o por un Audi; nosotros no vamos a entrar en este juego nunca más".
Antes de que el regidor cerrase la sesión con estas palabras, el PSOE argumentó los motivos por los que reclamaba comisiones de investigación para tres contratos laborales fijos aprobados el pasado 30 de enero. El más grave, y por el que están estudiando acudir a la Fiscalía Anticorrupción corresponde al técnico TIC.
Los socialistas no ponen en duda la sentencia existente que le da la razón al trabajador a la hora de ser contratado, pero "si que existen en el procedimiento del que se han valido trabajador y Concello para llegar a la situación actual". Para la formación que lidera Javier Dios existe una serie de dudas que deben ser esclarecidas. La primera de ellas hace referencia al proceso selectivo, contra el que dos aspirantes llegaron a presentar recurso de alzada por la sospecha de la nota obtenida, lo que lleva al PSOE a preguntarse "cómo es posible que unas personas con mayor cualificación académica frente a otra que no la tiene, obtengan una puntuación teórica tan tremendamente baja y diferencial". Las dudas sobre el resultado llegan hasta tal punto que "el trabajador beneficiado llegó a responder correctamente a tres preguntas que estaban mal formuladas, algo que debería ser clarificado por el tribunal".
Recuerdan los socialistas que este empleado trabajó, subvencionado por la Xunta hasta que esta retiró la ayuda correspondiente. "En ese momento se le comunicó al trabajador que se prescindía de sus servicios, pero el aviso desapareció, de forma misteriosa del Concello, interponiendo el secretario una denuncia".
Tras ello, el secretario "volvió a citar al trabajador en su despacho para que firmase el despido, del que era conocedor, percibiendo una indemnización de 1.300 euros, la cual aceptó, algo que demuestra la mala fe de éste al acudir a su centro de trabajo y avisar a la inspección", explican.
Para los socialistas era necesario clarificar cómo se custodian los documentos que debe firmar el alcalde y no son devueltos al secretario y por qué se ponen trabas al desempeño de las funciones del secretario municipal. "Asumiendo que a primera hora es el secretario personal del alcalde, y padre del trabajador, el responsable de recoger el portafirmas y llevárselo a su despacho y que consta en Secretaría que, de forma esporádica, documentos relativos al citado trabajador fueron depositados en él pero no devueltos con la firma, queremos saber si se ha tomado algún tipo de medida coercitiva o de carácter disciplinario contra el secretario del regidor.
Otro de los contratos afecta a la cuñada de un asesor de Durán y exconcejal del PP de Vilanova. A este respecto, los socialistas querían la comisión para conocer "cómo se ha producido el proceso selectivo para que dicha persona forme parte de la plantilla". La mujer habría sido auxiliar del Centro de Información á Muller (CIM) por lo que consideraban que debía clarificarse "en que momento deja de serlo y en virtud de qué contrato pasa a trabajar en el museo Valle-Inclán, sobre todo, ahora que el CIM no existe".
La última contratación a la que se refieren necesitaba una comisión, a entender de los socialistas, por "la dejadez del Concello en relación al cumplimiento de los plazos de los contratos". En este caso, el Concello "no tomó las medidas adecuadas en su día para liquidarlo, lo que le permitió denunciar y que el juez obligase a su contratación". Por este motivo, los socialistas querían conocer "quien se encarga de que esta situación de acceso a un puesto funcionarial no vuelva a repetirse, ya que esto no puede ser una vía de acceso trasera a determinados puestos de trabajo de la administración". La edil de Gañemos Vilanova, Elena Cores, respaldó las propuestas socialistas.
