Alfredo Bea fue considerado autor criminalmente responsable de un delito de prevaricación y condenado a la pena de siete años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de concejal, aunque quedó absuelto del delito de tráfico de influencias, al que sin embargo sí se consideró responsable a Henrique Escalante de Lima, condenado por ello a un año, tres meses y un día de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 300 euros. Todo empezó el 19 de enero de 2012, cuando Alfredo Bea, concejal de Seguridad Ciudadana "con competencia para resolver expedientes en materia de tráfico", solicitó de Henrique Escalante la entrega de una documentación relacionada con playas para preparar una reunión y éste, al ir a buscarla, estacionó su vehículo particular en una plaza reservada a parada de taxis en la calle Luis A. Mestre. El agente Diego Santos Dopazo multó a Escalante con 200 euros, y éste comunicó al concejal lo ocurrido para evitar pagar los 200 euros de la multa.
El día 10 de febrero de 2012 Alfredo Bea firmó un informe oficial declarando que la denuncia por infracción de tráfico fue motivada por una orden suya, por lo que solicitaba que fuera retirada. Siete días después Henrique Escalante presentaba como recurso ese informe de Bea y una fotocopia de la denuncia.
En abril el agente acudió al despacho del edil para preguntarle si el escrito presentado por el denunciado era suyo, y dado que le respondió que si parece que interpretó que era una orden de su superior "y para evitar represalias contestó al pliego de alegaciones considerando que debían ser estimadas a la vista del escrito presentado, rectificando la denuncia". Es decir, que el propio policía anuló la multa. El 29 de mayo de 2012, a la vista de que el agente denunciante rectificaba la denuncia, se procedió al sobreseimiento y archivo de las actuaciones practicadas en el procedimiento sancionador seguido contra Henrique Escalante.
