La Delegación del Gobierno en Galicia autoriza el uso de las cámaras de videovigilancia del polígono industrial de Sete Pías. Se trata de unas cámaras que se colocaron en 2013, y que habían costado 50.000 euros, pero que según el concejal de Economía, Xurxo Charlín, nunca llegaron a funcionar porque el anterior gobierno no solicitó los permisos administrativos necesarios para ponerlas en marcha.
Siempre según Charlín, el cuatripartito sí tramitó la autorización, y la Delegación del Gobierno ha contestado ahora de forma favorable. En su escrito se especifica que la autorización es por un periodo de un año, aunque renovable, y que estará prohibido captar sonidos o enfocar hacia las viviendas.
Otras condiciones que impone la Comisión de Garantías de Videovigilancia es que las grabaciones deberán ser destruidas en un plazo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con delitos penales o investigaciones policiales o judiciales en marcha. El encargado de custodiar las imágenes será el jefe de la Policía Local, que deberá respetar "el principio de proporcionalidad e intervención mínima, y el más absoluto respeto al derecho al honor".
La finalidad de las 15 videocámaras instaladas en su día en el parque empresarial de Sete Pías es la de reducir el riesgo de robos en las naves. Tras varios años apagadas, la empresa de mantenimiento detectó que algunas ya necesitaban una reparación. Además, se procedió a comprar un nuevo grabador, pues el anterior había sido robado.
Charlín considera que las cámaras son necesarias para mejorar la seguridad en el polígono, y apunta también que "en una administración eficiente es intolerable realizar una inversión de 50.000 euros de fondos públicos para tener después las cámaras apagadas durante años". Además, afirma que el anterior gobierno ni siquiera pidió permiso para encenderlas.
