El Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, ya con la mirada puesta en una vendimia que arrancará en cuestión de un par de semanas, hace un llamamiento a bodegueros y viticultores para que se adapten a la ley que introduce medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, la cual constituye "un hito histórico para el sector agroalimentario, pues busca el equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre distintos operadores".
En relación con esto el órgano regulador recuerda que la ley en cuestión "es una norma pionera, novedosa y única que introduce derechos y obligaciones a los diferentes operadores".
Es así como se contempla "un sistema de control público que se canaliza a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)" y se favorece la existencia de contratos por escrito entre las partes".
También se garantiza con esta legislación "que haya un precio fijado en los contratos, que no se modifiquen unilateralmente, que no se impongan pagos adicionales no previstos, que se cumplan los plazos de pago, que no se utilice la información comercial sensible para otros fines y que se respeten las condiciones de las subastas electrónicas".
Explican en el Consello Regulador Rías Baixas que la Agencia de Información y Control Alimentarios "vigilará que se cumplan todas estas medidas a través de inspectores que poseen la condición de autoridad", por lo que en caso de incumplimiento pueden imponerse sanciones de carácter leve, grave o muy grave.
Con esta ley el Estado trata de "mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no solo del sector, sino también de los consumidores".
La normativa es de aplicación "a las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios".
De este modo el Ministerio de Agricultura pretende "aumentar, en beneficio de la sociedad y de los consumidores, la eficacia y la competitividad del sector alimentario, así como fomentar la creación de empleo y la mejora del medio rural".
Pero eso no es todo, ya que el Gobierno central también pretende "mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, en beneficio tanto de los consumidores como de los operadores que intervienen en la misma, garantizando a la vez una distribución sostenible del valor añadido; favorecer la introducción de la innovación y las tecnologías de la información y comunicación en la cadena y el desarrollo de nuevos canales de distribución de los productos alimentarios; y conseguir un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores, mejorando el acceso a la información y trazabilidad de la cadena alimentaria, regulando las prácticas comerciales y promoviendo códigos de buenas prácticas comerciales entre los operadores".
Este articulado se considera además una herramienta capaz de "fortalecer el sector productor y potenciar las actividades de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias; mejorar la competitividad, eficiencia y capacidad de innovación de la producción agraria, la industria y la transformación alimentaria; y capaz también de favorecer el desarrollo de las tareas que corresponden a las empresas de la distribución, en un marco de competitividad y de respeto a las normas de competencia".
El consumidor también sale beneficiado en lo que respeta a "la mejora de una información completa y eficaz sobre los alimentos y su calidad, la transparencia en el funcionamiento de la cadena de suministro y la disponibilidad de alimentos suficientes y de calidad".
