Un total de 12.663 asuntos tramitados y 4.417 designaciones para asistencias jurídicas a detenidos son las cifras de la justicia gratuita en el Colegio de Abogados de Pontevedra, un servicio que, tal y como recordó el decano Ramón Jáudenes, "no hay que olvidar que está activo las 24 horas del día los 365 días del año". Un servicio al que están adscrito 483 letrados en el ámbito penal, más de medio millar en el Civil, 235 en el Contencioso y 444 que prestan asistencia jurídica a los detenidos.
El decano expresó su "reconocimiento" a todos los abogados adscritos al servicio y que apenas cobran entre 115 y 130 euros por todo un expediente, unos honorarios abonados por la Xunta que permanecen congelados desde 2009, recordó Jáudenes. Esto supone que los abogados pontevedreses perciben unos dos euros por hora de trabajo, mucho menos de lo que cobran otros profesionales "menos cualificados". Por este motivo, ayer, en el Día de la Justicia Gratuita y cuando se cumplían 20 años de la aprobación de la ley que regula la asistencia letrada a aquellos ciudadanos que no disponen de medios para costearla, Ramón Jáudenes, arropado por el resto de la junta de gobierno, reclamó una modernización de la ley norma para, entre otras cuestiones, "dignificar" los honorarios que actualmente perciben los abogados que desarrollan esta labor de defender a quienes no pueden pagarse la asistencia letrada. No son las únicas cuestiones que, a juicio de los letrados pontevedreses, debe abordar esta reforma legal que reclaman. También piden que se unifiquen los criterios para que los ciudadanos puedan acceder al turno de oficio, dado que no son los mismos en todas las autonomías; o que se revisen estos requisitos de concesión de la justicia gratuita.
Asimismo, reclaman que se regule la implantación de los servicios de asistencia jurídica en los centros penitenciarios, una labor que actualmente queda fuera de la justicia gratuita pero que en Pontevedra lleva a cabo cada jueves de manera desinteresada un grupo de letrados que acude a la prisión de A Lama para resolver sus dudas. Otra de sus peticiones se centra en el rechazo frontal a los intentos por "privatizar" los servicios de justicia gratuita a víctimas de violencia de género, migrantes o presos. En alguna comunidad española ya se ha dado algún intento que, "afortunadamente no ha ido adelante", señaló Jáudenes.
