El gobierno municipal de Vilagarcía que preside el socialista Alberto Varela acaba de recibir la respuesta de la Jefatura de Costas a su consulta para la instalación de juegos infantiles en la playa de A Concha-Compostela, como pretendía el anterior gobierno local del PP. El oficio del departamento estatal indica que es imposible acceder a la petición municipal debido a que este tipo de instalaciones queda expresamente prohibidas en el nuevo reglamento que entró en vigor en el año 2014.

El informe de la Jefatura Provincial de Costas echa por tierra la pretendida instalación de una zona de juegos infantiles propuesta por el anterior gobierno local en la playa Compostela con cargo al Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación de Pontevedra.

El alcalde Alberto Varela añadió que, como en otros casos anteriores, el gobierno del PP tampoco pidió el correspondiente informe sectorial antes de sacar a licitación las obras.

Según el informe que acaba de recibir el Concello, el artículo 61.1 del vigente Reglamento de Costas indica que "únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".

Varela recordó que ya en su día expresó sus dudas sobre la posibilidad de que pudieran llevarse a cabo las zonas de ocio diseñadas por el anterior ejecutivo municipal en el parque de O Castriño y en los arenales de A Concha y Compostela. El regidor añadió que en el caso de O Castriño no hizo falta que Patrimonio emitiera su dictamen ya que el propio Plan Parcial de la zona, aprobado en 1989 e incorporado posteriormente al PXOM, lo rechazaba.

"Las normas del Plan Parcial son bien explícitas, puesto que en el artículo 31 advierte de que no se admite ningún tipo de construcción, aprovechamiento edificatorio ni uso deportivo, siendo el uso posible el propio recreo y expansión de los usuarios, a lo que hay que añadir que la zona sobre la que se pretendía actuar está afectada por el área de respeto del yacimiento arqueológico del Castro Alobre, que figura en el Catálogo Municipal de Bienes a Conservar", indica el máximo representante del gobierno municipal.

Alberto Varela tramitará ahora formalmente ante la Diputación de Pontevedra el cambio de destino de los 242.000 euros previstos para este proyecto por ser inviable. Su intención es conseguir que se autorice la financiación para otra obra más urgente como es la erradicación de vertidos.