El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) celebró en diciembre de 2014 una gran subasta de bienes que la justicia había embargado con anterioridad a personas condenadas por narcotráfico o blanqueo de capitales, y la mayor parte de dichos bienes ni siquiera tuvieron postor. En opinión de Fernando Alonso, que es gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, el miedo es una de las razones por las que a menudo las subastas de propiedades de traficantes quedan desiertas.
"A menudo la gente aún tiene miedo a comprar algo que perteneció a un narcotraficante, y esa es una de las razones por las que a veces es tan difícil vender esas propiedades", plantea. Alonso añade que en ocasiones "hay presiones desde el entorno del traficante para que uno no se presente a la subasta, y conseguir de esa manera hacerse de nuevo con los bienes a través de testaferros".
Pero no es ésta la única razón por la que con frecuencia quedan desiertas las subastas. En otras ocasiones es por el mal estado de conservación de los efectos requisados (algo que se hace más patente con los vehículos) tras varios años de depósito judicial o por las cargas administrativas o económicas que arrastran las propiedades.
Se da la circunstancia de que gran parte de los bienes inmuebles que el Plan sobre Drogas sacó a subasta en diciembre de 2014 y que entonces quedaron sin adjudicar volverán a subastarse el próximo 12 de noviembre en Madrid. Entre ellos se encuentran varios pisos, locales comerciales o naves intervenidos a José Antonio Pouso Rivas, "Pelopincho", así como un solar que tenía Laureano Oubiña en primera línea de costa en Sanxenxo.
Lo que se ha caído de la subasta es la casa que Oubiña estaba construyendo en A Laxe cuando fue detenido, y que quedó sin vender en 2014. El Plan sobre Drogas y el Ministerio de Sanidad siguen sin explicar las razones por las que se ha excluido dicho inmueble de la puja de noviembre.
Más flexibilidad
Fernando Alonso considera que "habría que repensar algunas disposiciones judiciales que en la actualidad son auténticas murallas administrativas", y alude al caso concreto del patrimonio incautado a "Pelopincho". "Gran parte de los lotes ni siquiera se pudieron sacar a subasta porque tenían la documentación administrativa incompleta. Hay que flexibilizar estas situaciones para poner a disposición de la sociedad estos bienes cuanto antes", añade el gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico.
Se da la circunstancia de que la entidad con sede en Vilagarcía forma parte de un programa de gestión de bienes intervenidos a personas investigadas por narcotráfico o blanqueo de capitales, con lo que se hizo cargo de varios vehículos, "a los que intentaremos encontrar comprador lo antes posible respetando los tiempos judiciales", es decir, procediendo a la enajenación del bien si finalmente se produce una condena. El dinero recaudado sería para el Plan sobre Drogas.
"Lo que conseguimos con este programa es aliviar de trabajo a los juzgados que no tienen por qué preocuparse de la gestión y conservación de los bienes, al tiempo que se evita el deterioro por el paso del tiempo, y que se hace muy evidente en el caso de los vehículos", prosigue Fernando Alonso.
Usos sociales
El gerente de la Fundación estima que en el caso del patrimonio al que no se le encuentra comprador se puede destinar a usos sociales. "Un coche se le puede ceder a una organización social para la realización de sus tareas; un piso se puede dedicar a usos sociales; hasta un televisor estaría mejor en un comedor social que llenándose de polvo en el almacén de un juzgado", apostilla.
La Fundación Galega contra o Narcotráfico manifestó en numerosas ocasiones que una pieza clave en la lucha contra el tráfico de estupefacientes es el embargo del patrimonio de los condenados, y otra conseguir que dicho patrimonio revierta en la sociedad. Pero para ello hay que poner las herramientas que impidan su deterioro, como ha sucedido por ejemplo con una nave de Valga que perteneció a "Pelopincho", y que un incendio dejó prácticamente en ruinas, a pesar de lo cual el Plan sobre Drogas la subasta por 61.000 euros.
Los pazos de Baión y de Vista Real, ambos en Vilanova e intervenidos a Laureano Oubiña y al clan de los Charlines, respectivamente, son ejemplos de uso social de antiguas propiedades de los narcos, después de que los adquiriesen la cooperativa Condes de Albarei y el Ayuntamiento de Vilanova.
