El presidente de la asociación de productores de mejillón "Virxe do Rosario" de Vilaxoán, Javier Blanco lamenta el empecinamiento de un grupo de socios capitaneado por el secretario de la organización, Guillermo Outeiral, por su finalidad desestabilizadora.
El conflicto está latente desde 2009, a pesar de que existe una resolución judicial firme que respalda todas las acciones de Blanco al frente de "Virxe do Rosario" y que, en cambio hace hincapié en los "problemas de conducta de los denunciantes".
Los autos del Juzgado de Primera Instancia de Vilagarcía y de la Sección Segunda de la Audiencia, emitidos entre 2012 y 2013, son muy claros. Coinciden al señalar que no existe "un solo indicio en la causa de que el imputado -Javier Blanco- haya cometido delito de falsedad o estafa alguna".
Añade que los denunciantes no han presentado ni un solo documento falsificado y, por otra parte, descarta la estafa porque tampoco se acreditó ni uno solo de los elementos del tipo, a saber: "un engaño bastante, un ánimo de lucro por parte del imputado y un perjuicio económico".
Al quedar todo ello fuera de duda, a Javier Blanco le sorprende que ahora este grupo de socios vuelva a remover y a esgrimir los mismos asuntos que ya han sido dirimidos y que, por tanto, a su juicio, quedan fuera de toda duda.
Expresaban los denunciantes que el imputado empleó "fondos de la asociación sin la autorización de las personas que podían disponer de aquellos desde el 31 de octubre de 2011".
Tal acusación fue tumbada tanto por el tribunal de instancia como el de apelación, ya que la operación económica realizada ante la entidad Banco Popular llevaba la firma del presidente y del tesorero, pues el secretario se negó a rubricarla.
El auto judicial plasma el artículo 28 de los estatutos de dicha asociación que establece literalmente que entre las funciones del presidente se encuentra la de "tener a su cargo y disponer mancomunadamente con el tesorero e interventor, de los fondos de la asociación" y recalca que no es precisa "una autorización previa por parte de la asamblea o de la junta directiva para efectuar dichos actos de disposición y no constando tampoco un acto intencional de apoderamiento de dichos fondos por parte del imputado".
En la Audiencia, y respecto a la falta de una firma en las disposiciones de fondos de la cuenta de la asociación, expone que "no supone más que una irregularidad conforme a los estatutos, pero no es indicativa por sí de una disposición ilícita de esos fondos y al margen de esta circunstancia -ni siquiera alegada- no alcanza entidad penal".
También se hace referencia a la inexistencia de falsedad respecto a la transcripción del acta de aquella sesión. Al contrario, explican los jueces de Pontevedra, solo se abrevió el contenido "coincidiendo en ambas los acuerdos transcritos".
"En lo demás que no recoge el acta unida al poder para pleitos es irrelevante" al referirse "a turnos de agradecimientos y otras intervenciones que no afectan a los acuerdos tomados", agrega el tribunal que recuerda que "la falsedad ideológica en documento privado se encuentra despenalizada".
Otro de los apartados que centran los autos rechaza que Blanco haya ocultado información de entidad punible a ninguno de los socios. Así hace caso a las explicaciones del presidente de Virxe do Rosario quien justificó su pasividad a la hora de convocar una asamblea general a "problemas de conducta de los denunciantes".
En concreto, el grupo de socios que critica ahora a su presidente son, además de Guillermo Outeiral: Santiago Vidal, Ramiro Rodríguez, Juan José Oliveira y Miguel Ángel Oliveira.
Sus críticas surgen a raíz del anuncio de subasta de la conservera Carson de Cambados, que finalmente quedó desierta. Esa fábrica adquirió en su día mejillón a la asociación Virxe do Rosario por un importe próximo a los dos millones de euros que todavía tiene pendiente de cobro.
