La familia de María Luz Posse pedirá la máxima condena para el ex guardia civil Jaime Maiz Sanmartín, que lleva once meses en prisión, como presunto autor de la muerte de esta vecina de Valga residente en Cambados. Los allegados se han personado como acusación particular, y solicitará también que Jaime Maiz sea juzgado por asesinato, con lo que la pena sería más elevada que en el supuesto de que se le imputase un homicidio.

Un familiar de la víctima indicó ayer que por el momento no pueden formalizar la acusación, puesto que aún no se han completado todas las diligencias, pero manifestó su esperanza de que también la fiscal encargada del caso solicite la máxima condena para el ex guardia civil.

Por otra parte, la familia de la víctima ha pedido a las autoridades judiciales que en la medida de lo posible aceleren la instrucción del caso, pues recuerdan que a mediados de diciembre se cumplirá un año del brutal asesinato y que todavía quedan algunas diligencias pendientes. Así, pretenden conocer el protocolo de actuación de la Guardia Civil y los resultados de la prueba de alcohol en sangre que se le practicó al acusado.

Uno de los hermanos de María Luz Posse indicó que también está pendiente de que se le comunique el ofrecimiento de acciones -fue el primero en presentarse como acusación particular_- y que además están esperando las diligencias realizadas al hijo mayor de la fallecida, quien denunció en su día que su madre era víctima habitual de malos tratos por parte del ex guardia civil.

Asimismo, los abogados de la acusación necesitan un disco en el que se recoge la grabación de lo sucedido en el vestíbulo del puesto de la Guardia Civil cuando se cometió el asesinato. Parece ser que el juzgado ya les envió una copia, pero que estaba guardada en un formato que no se podía leer, por lo que los letrados están esperando el envío de otra grabación.

"Seguro que en el juzgado están saturados de trabajo, y me temo que esto va para largo", manifestó Antonio Posse, a quien le gustaría que este tipo de delitos se juzgasen a la mayor brevedad posible, ya que se trata de hechos muy sensibles.

Por otra parte, la Dirección General de la Guardia Civil ya ha suspendido de sus funciones al presunto asesino, además de apartarlo de su trabajo en el cuartel de Cambados. Tras el asesinato, los máximos responsables del Instituto Armado indicaron que Maiz conservaría su empleo -es funcionario_- hasta que hubiese una sentencia condenatoria en su contra. Sin embargo, parece ser que al final aceleraron su decisión.

Esto ha supuesto un duro varapalo para Jaime Maiz, que solicitó hace unos meses la libertad bajo fianza ya que el juez que la concede suele valorar que el preso cuente con un trabajo e ingresos económicos que garanticen su inserción social.

Cuando Maiz solicitó la libertad, tanto la Fiscalía del Juzgado número 3 de Cambados como la acusación particular se opusieron a la medida, pues entienden que existe riesgo de fuga por parte del preso, y que el tipo de delito que se le imputa es demasiado grave como para beneficiarse de esa medida.