Hace unos días nos sorprendió (¿de verdad?) la noticia de que varios miles de jubilados se concentraron en diversas ciudades españolas para protestar por sus cada vez más exiguas pensiones, lanzando proclamas contra el Gobierno central del Partido Popular. No es para menos ante la creciente pérdida de su poder adquisitivo. Si en años anteriores quedaba al menos neutralizada con un índice de inflación próximo a 0, la subida de precios del año anterior y la prevista para éste, harán que la situación económica de la inmensa mayoría de pensionistas se agrave considerablemente.
Es sabido que en España la revalorización anual de las pensiones está ligada a la situación financiera de la Seguridad Social (en cuya hucha hace tiempo que retumba el eco), siendo el único país de la Unión Europea que mantiene esa vinculación, pues los demás tienen en cuenta para el cálculo la evolución de los precios y de los salarios, o al menos la de una de ellos, según el informe provisional de envejecimiento de la Comisión Europea. En cualquier caso, la subida nunca podrá superar el IPC más un 0,5% ni ser inferior al 0,25%. Y como han comprobado nuestros jubilados en los últimos años, la generosidad gubernamental se ha situado en esta última cifra, lo que equivale en la mayoría de pensiones a una subida de un euro y pico al mes (el precio de un café) pomposamente notificada a los perceptores mediante correo postal. Al parecer, la Autoridad Fiscal ha calculado que las pensiones en España perderán un 7% de su poder adquisitivo hasta 2022 con el sistema de revalorización actual y CC OO lo cifra en un 15% en los próximos 10 años. Por su parte, el FMI señala que para los nuevos pensionistas la caída de 2050 puede ser del 30%.
Pero pásmense ustedes cuando, desde instancias gubernamentales y desde el propio Partido Popular (como hace la presidenta de la Comisión del pacto de Toledo, una entusiasta de Frozen Free Fall), en vez de afrontar el problema con sensatez e inteligencia, se alienta a los ciudadanos a que sean previsores y ahorren para su futuro, dándose además la circunstancia de que la esperanza de vida en nuestro país, vaya usted a saber por qué, ha aumentado para situarse entre las más altas del mundo. Claro que los amigos de las grandes empresas en cuyos consejos de administración suelen recalar desde el servicio público tras toda una vida de sacrificio en favor de sus conciudadanos (ya saben, las puertas giratorias), omiten algunos datos que se interponen en la realización práctica de tales advertencias. Olvidan que los sueldos medios no se parecen mucho a los suyos. Por ejemplo al del ex director general de la Guardia Civil, que, tras sus muchos años de servicios a la patria, y no solo dirigiendo el benemérito cuerpo, percibió un salario (con sus dietas y por asistencia a comisiones) de 156.000 euros en 2017 como consejero de Red Eléctrica Española. Sí, esa que opera el sistema eléctrico español cuyas compañías cobran esos precios tan asequibles por la electricidad a jubilados y al resto. Tampoco se parecen al del ex jefe de gabinete del Sr. Rajoy que, tras dejarse asimismo la piel en la Moncloa y en otras batallas, se prejubila como representante de España ante las Naciones Unidas, disfrutando de un pisito en Nueva York junto a Central Park (que le pagamos a escote los españoles), y de un salario, que podemos calificar de "digno" y que se eleva a la bonita cifra de algo más de 200.000 euros anuales. Al parecer el Estado español (o sea, todos nosotros) aportará una ayuda para el colegio de sus hijas y pagará los costes familiares (cosa lógica porque con esa miseria no le iba a alcanzar para sus gastos). Ni tampoco se parece el sueldo de los ahorradores imaginarios al que cobra uno que fue ministro, muy recordado por estudiantes y profesores, sobre todo de la enseñanza pública, a la que tanto amó, y que tras una fructífera labor al frente del Ministerio de educación, pasó a ocupar el puesto de embajador jefe de la Delegación Permanente de España ante la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE) en París con un sueldo de casi 10.000 euros brutos al mes, además de tener vivienda, coche oficial y otros gastos de representación a cargo del Estado. ¿Se acuerdan de él? Ése, el mismo que en el acto de entrega del cuadro que se encargó tras su paso por el Ministerio, para que no nos olvidemos de su egregio rostro, no convocó a los medios, no sabemos si por el grato recuerdo que dejó o para no tener que dar explicación alguna por los 20.000 eurazos que le pagamos todos al pintor preferido de la jet set (según he podido leer en algún medio) Rafael González Cidoncha. Por cierto, la gestión ministerial de este caballero fue recientemente reconocida por el Tribunal Constitucional, que acaba de dictar una sentencia en la que estima parcialmente el recurso de la Generalitat contra la Ley para la mejora de la calidad educativa, la famosa LOMCE, y anula la obligación de escolarizar, por decisión del Estado y en centros privados pagados por la Generalitat, a los alumnos sin enseñanza pública en castellano, resolución que considera por unanimidad que el sistema diseñado por la citada ley para la enseñanza en castellano en centros privados sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma, es decir, invade competencias de la Generalitat. En fin, se supone que a estas alturas alguien habrá pensado ya en un famoso guarismo (155) para solucionar esta "ligereza" del alto tribunal de garantías.
¡Ah! Que dicen ustedes que no ganan tanto y que así no pueden ahorrar. Que ya les gustaría. Que el sueldo medio en España en 2017 es de 1.600 euros y la pensión media es de 926 euros al mes, pero que nunca los han visto en sus manos ¿Pero no han oído a la ministra de Trabajo decir que el de los jubilados ha sido el colectivo más protegido durante la crisis? ¡Es que protestan Vds. por todo! ¿Y tampoco han oído decir al portavoz parlamentario del PP que otros sectores han sufrido de forma más intensa la crisis? Yo incluso le he escuchado que desde los últimos cinco años los pensionistas han ganado algo de poder adquisitivo.
¿Acaso no creen al partido de los 900 casos aislados? No sean ingratos y dejen de tirar el dinero. Apaguen la calefacción, que adormece, dejen de tomar tantos cafelitos, que les sube la tensión y de sufragarles las chuches a los nietos, que los pone gordos. Los políticos sí que las pasan canutas. Fíjense sino en Esperanza Aguirre que ni siquiera puede querellarse contra Granados porque no tiene ni para pagar a un abogado. La pobre condesa consorte de Bornos. ¡Ay, lo que se sufre en la poltrona! Y en los juzgados.
