Dice la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que, en cuanto tenga un rato libre, va a permitir que los jubilados trabajen y, además, cobren y coticen por hacerlo. El propósito resulta tan admirable como el hecho de que España sea -a estas alturas- uno de los pocos países desarrollados en los que se prohíbe dar el callo a los pensionistas, salvo que renuncien a la mitad de la paga por la que cotizaron.
Báñez, que encomienda a la Virgen del Rocío el arreglo del problema del paro -no sin cierto éxito-, ya había anunciado esta medida de sentido común hace cosa de un año; pero se conoce que entre que ensilla y cabalga no le queda tiempo para llevar a buen término su idea. Cuando se trata de trabajar o de dejar que otros trabajen, toda precaución es poca en este país.
Creían ingenuamente los jubilados que la pensión por la que cotizaron durante décadas es suya y no del Estado; pero ya se ve que se equivocan. Es el ente pagador el que decide si pueden trabajar o no; y en qué condiciones.
Lo curioso del asunto es que el Gobierno y el público en general lamentan la baja de cotizantes a la Seguridad Social que va a caer aún más a medida que se vaya jubilando la generación del "baby boom". Pero a la vez, ese mismo Gobierno impide que los pensionistas coticen mediante el trabajo (si es que lo encuentran y les apetece, naturalmente). No hay quien entienda a los que mandan.
Otros países como, un suponer, Alemania, Italia, el Reino Unido, los detestados USA o nuestro vecino Portugal -entre muchos- no encuentran razón alguna por la que no puedan ni deban estar a la faena los trabajadores que se han ganado el derecho a una pensión. Si quieren y la salud y la suerte los acompaña, es cosa de ellos elegir entre el curro o ponerse a mirar obras.
Argumentan los sindicatos, aunque cada vez con menos convicción, que el trabajo de los mayores se lo quitaría a los jóvenes, obstaculizando el relevo generacional. Fue esa idea un tanto agraviosa para los chavales la que impulsó los masivos programas de prejubilación que enviaron a casa a decenas de miles de trabajadores en la cincuentena.
Como era previsible, los jóvenes -salvo los mejor formados- siguieron sin encontrar empleo; y a cambio, los contribuyentes tuvieron que cargar con los onerosos costes de prejubilación de tantos millares de currantes en la flor de su vida laboral.
Para enmendar el despropósito, los políticos al mando no tuvieron mejor idea que la de alargar hasta los sesenta y siete años (por el momento) la edad de retiro de quienes no habían sido agraciados con la dudosa suerte de prejubilarse. En esto se nota que cualquier gobernante puede improvisar una medida y la contraria sin riesgo alguno de ponerse colorado.
Quizá sea esa la razón por la que el Gobierno sigue empeñado en prohibir el trabajo a los jubilados, incluyendo a los artistas y gentes de la pluma que se ven obligados a escoger entre una drástica merma de su pensión o la renuncia a su oficio.
Consciente de que la medida, además de ilógica, es perniciosa incluso para el Estado que deja de percibir cotizaciones e impuestos, la ministra del ramo acaba de anunciar por segunda vez que su deseo es hacer compatible el trabajo y la pensión. Pero se conoce que no le dejan o que el Gobierno, que es como un padre, quiere evitar que los jubilados se hernien. El trabajo siempre ha estado mal visto en España.
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