Aunque ha tardado 11 años, finalmente, la Justicia ha confirmado que no hubo ninguna ilegalidad en la concesión de la licencia, que era falso que afectase a un humedal y que la acusación de cohecho y negociación prohibida a funcionario público no tenía base, pues no hubo recalificación ni beneficio ilegal.
¿Por qué, entonces, si era tan fácil comprobar que no hubo recalificación ni había un humedal, ha tardado tanto la justicia en aclararlo?
Hay dos respuestas compatibles entre sí. La primera, porque la justicia de este país es muy lenta y, la segunda, porque hay partidos políticos que utilizan la acusación particular para perjudicar a un rival. Su estrategia consiste en interponer una denuncia que, aunque luego no tenga relevancia jurídica, sí da mucho juego mediático mientras se aclara.
En mi caso, la acusación particular representada por el letrado Vicente García Legísima (concejal del BNG en Pontevedra) se persona, casualmente, al poco tiempo de conocerse que yo sería candidato en Pontevedra (año 2007). Lo que en principio era una denuncia de una asociación de vecinos sin otra estrategia, dos meses después -y siete antes de las municipales- se amplía a una acusación de cohecho y negociación prohibida a funcionario público.
Vicente García Legísima se encargó de mantener la acusación viva mientras fui concejal en la capital, entre 2007 y 2011. Gracias a ciertas artimañas, algún error formal del juzgado y la colaboración de un periodista que entonces escribía en la edición gallega de El País. Él fue la pluma que utilizó el gabinete de la Vicepresidencia de la Xunta del bipartito para amplificar mediáticamente la denuncia contra un candidato que podía amenazar la principal alcaldía del BNG.
Finalmente, Lores consiguió mantener la alcaldía, aunque estuvo a punto de perderla. Pese a la repercusión negativa que la denuncia tuvo en la campaña electoral, estuve muy cerca de ser alcalde de Pontevedra con el 44,20% de los votos. EL BNG, con el 28%, perdió tres concejales, pero pudo seguir gobernando gracias a los socialistas.
En agosto de 2008, el juez decide archivar la denuncia porque no ve indicios de delito. Sin embargo, un error formal al no comunicarle a la acusación particular una diligencia practicada, le sirve a Vicente García Legísima para presentar un recurso ante la Audiencia Provincial que es estimado en junio de 2009.
En mayo de 2010, a un año de las municipales de 2011, la acusación particular vuelve a estirar la goma solicitando de nuevo diligencias para intentar demostrar que hubo recalificación de los terrenos. Pese a lo fácil que era comprobar que la parcela de Baltar había sido recalificada diez años antes de ser yo elegido alcalde y tres más antes de aprobarse el Plan General, cuando, según la acusación particular se hizo la recalificación.
Tal y como acredita el peritaje que fue aportado en su momento a la causa, no solo no hubo recalificación, sino que, además, la aprobación del Plan General redujo la edificabilidad de la parcela en cuestión, pasando de 0,82 m²/m² a 0,70 m²/m², y de poderse construir bajo+4 plantas, pasó a bajo+3 plantas.
En diciembre de 2012, siendo ya diputado en el Congreso y, por lo tanto, persona aforada, el Juzgado de Cambados remite la causa al Supremo. En febrero de 2013, los cinco magistrados y el fiscal de la Sala Penal del Supremo estiman que no existen indicios de delito alguno, por lo que devuelven la causa al Juzgado para que siga la instrucción. Por tanto, al Supremo le bastaron dos meses para comprobar lo que el Juzgado de Instrucción llevaba investigando durante seis años y todavía necesitaría otros cinco más para aclararlo.
El juez que, por entonces, llevaba la instrucción ya no vuelve a practicar más diligencias hasta que le sustituye una jueza (la tercera) que, en abril de 2015, solicita nuevas diligencias en base a las cuales acuerda ahora el sobreseimiento de la causa.
Hago público este largo comunicado porque creo que tengo el derecho y la obligación de informar a la opinión publica de cómo se han producido los hechos. Especialmente, cuando he tenido que soportar once años de instrucción del caso sin haber sido ni siquiera "imputado" a lo largo de todo ese tiempo. Once años de graves acusaciones al ritmo de las respectivas elecciones a las que he concurrido, 2007 y 2011 en Pontevedra y 2015 en Sanxenxo.
Soy consciente de que este comunicado generará reacciones entre quienes señalo como responsables de la puesta en marcha y mantenimiento de una denuncia absolutamente infundada, pero me da igual. Es todo lo que tenía que decir y con ello cierro este desagradable capítulo de mi vida. Nunca más volveré a hablar del tema.
Alcalde de Sanxenxo
