La sensación del fin de semana pasado fueron las declaraciones de la candidata a la presidencia de la Generalitat por Esquerra Republicana, señora Marta Rovira. Dijo que el Gobierno del Estado le había hecho llegar al Gobierno de Cataluña la posibilidad de que, si no se rebajaba la tensión política, el Ejército español pudiera intervenir y entonces habría un baño de sangre en las calles. Una posibilidad tenebrosa para la que ya se habían hecho preparativos porque era sabido, en determinados círculos, que estaban llegando armas al acuartelamiento de Sant Climent Sescebes en el Alto Ampurdán. (Un acuartelamiento, por cierto, que había sido objeto de polémica en el pasado reciente por la protesta del Ayuntamiento de esa localidad, ante el despliegue militar por la calles del recinto urbano donde está enclavado durante unas maniobras que se quisieron interpretar como intimidatorias).
Siempre según el relato de la señora Rovira, los integrantes del Gobierno catalán fueron conscientes de la gravedad de la amenaza y decidieron no dar pretextos a su desencadenamiento alentando imprudentemente la reacción popular. Un comportamiento ejemplar que se resume en la frase del presidente Puigdemont a su llegada al exilio belga: "No quise exponer a la población de Cataluña a otra jornada de violencia como la vivida el 1 de Octubre". O en la de su vicepresidente Oriol Junqueras, antes de entrar en la cárcel de Estremera: "Fuimos unos ingenuos al creer que el Estado nunca se atrevería a aplicar estos niveles de represión".
Las declaraciones, sensacionalistas, de la candidata de Esquerra a la presidencia de la Generalitat levantaron la lógica reacción en medios políticos y tanto desde la presidencia del Gobierno español como desde las secretarías generales del PSOE y de Ciudadanos que, a parte de condenarlas por insensatas, exigieron que diera datos concretos sobre la procedencia y fiabilidad de esas informaciones.
Para complicar más las cosas, la señora Rovira, no aclaró lo que se le pedía y aún añadió más confusión al asunto al insinuar que algunos de los personajes que mediaron con Puigdemont para convencerlo de la necesidad de que convocase elecciones autonómicas dentro de los límites constitucionales, también eran sabedores de la inminente amenaza militar. Un conocimiento que tanto el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, como el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se apresuraron a desmentir categóricamente. Pero nada de eso sirvió para justificar una rectificación.
La dirigente de Esquerra se mantuvo en la veracidad de sus afirmaciones y un diputado de su partido en el Parlamento de Madrid, Joan Tardá, todavía le brindó apoyo argumental dando por seguro que solo la sensatez y la cordura de los miembros del Gobierno catalán pudieron propiciar que no se produjese el desastre.
En fin, malos antecedentes para el desarrollo de una campaña electoral a la que los partidos independentistas intentarán dar una importancia plebiscitaria y los partidos constitucionalistas tan solo de andar por casa. Lo que sí parece seguro, después de las declaraciones de la señora Rovira (a la que algunas encuestas señalan como candidata favorita), es que el eje de la campaña independentista girará en torno al victimismo y a los denominados "presos políticos". La ANC y Òmniun Cultural piensan recorrer el país con una celda itinerante para simbolizar la opresión centralista. Más teatro.
