En la ciudad donde resido se ha planteado, de forma escandalosa, un caso flagrante de impunidad penal y política al reiterar el Tribunal Supremo la obligación de restituir el llamado edificio Fenosa a la situación anterior a su rehabilitación, que fue iniciada al amparo de una licencia declarada ilegal. La situación de ilicitud era conocida perfectamente por la empresa constructora, como reconocieron sus propios letrados, pero eso no le impidió continuar adelante con las obras y con las ventas de pisos y locales comerciales en la seguridad de que desde la alcaldía se harían las modificaciones oportunas para validarlas a posteriori con un nuevo Plan General de Urbanismo que, además, se tramitó de forma clandestina.
La fechoría se consumó siendo alcalde de la ciudad Francisco Vázquez y teniente de alcalde Salvador Fernández Moreda, dos destacados militantes del PSOE, y ha dado lugar a casi veinte años de pleitos. La mayoría de ellos promovidos con el malicioso objetivo de retardar el procedimiento ejecutivo de las sucesivas resoluciones judiciales, ya que desde la primera de ellas quedó bastante claro que la factura de la demolición del edificio y las indemnizaciones a inquilinos que hubieran obrado de buena fe, le supondrían al Ayuntamiento una cantidad de dinero que inicialmente se estima entre 40 y 60 millones de euros. Es decir, la ruina absoluta para las arcas municipales y para los bolsillos de la ciudadanía que vía impuestos será la pagana de este desastre. Pero lo más sangrante de todo es que, una vez se cuantifiquen los daños, parece legalmente imposible resarcirse de ellos reclamándole el pago, o parte de él, a los directos responsables de la hecatombe, que serían el alcalde y su concejal de urbanismo y la empresa constructora. En unos casos porque no hay en el vigente Código Penal español una figura de delito que permita castigar duramente la conducta de los políticos que utilizan el cargo para favorecer a los amigos, (y menos aún repercutir sobre su patrimonio la cuantía de la multimillonaria indemnización). Y en otros, porque hasta es posible que la conducta ilegal hubiera prescrito por el paso del tiempo. El alcalde actual, que en la vida civil es profesor de Derecho procesal penal en la Universidad, contempla con cierto escepticismo la posibilidad de resarcirse. "Por nosotros no va a quedar -dijo- si existen (y se cuantifican) los daños pediremos responsabilidades. Pero a nadie se le escapa que sería la primera vez en este país que se encontrasen responsables que respondan con su patrimonio del daño causado por su actuación ilegal. En procesos como este las responsabilidades acaban por diluirse jurídicamente". Y hay que darle la razón. En los años en que se infló la burbuja inmobiliaria acabó por formarse en muchos ayuntamientos españoles un entramado político-empresarial que mangoneó el desarrollo urbanístico en su propio beneficio. No tuvo una estructura que pudiéramos asimilar a la de la mafia, pero funcionaba de forma parecida, aunque "sin necesidad de usar la pistola para conseguir sus fines" como acaba de definir el fiscal italiano Antimafia, Franco Roberti, en un gigantesco juicio contra la corrupción celebrado recientemente en Roma. Y toda esa actividad criminal se desarrolla en las "zonas grises" del sistema público desprotegidas de la adecuada tutela jurídico-penal. Tal que aquí.
