análisis

La guarida de los "lobbies"

Los intentos de regular en España la actividad de los grupos de interés

07.08.2017 | 02:05

Claroscuros en las primeras iniciativas para regular en España la actividad de los lobbies, los también llamados grupos de interés: organizaciones, empresas o despachos que en su nombre o en el de otros tratan de influir en las decisiones de los poderes legislativos y ejecutivos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como también han hecho algunas autonomías y ayuntamientos (Madrid, entre ellos), ha promovido uno de los primeros registros de lobbies. Supone que, pongamos por caso, si una organización patronal, una empresa o un bufete que la representa quiere tener acceso a los responsables o funcionarios de la CNMC para instar a que sus intereses sean tenidos en cuenta en decisiones que les afectan, antes deben inscribirse en el registro y asumir un código ético que los compromete a actuar con honestidad y transparencia.

Transparencia, la receta para que aumente la confianza de los ciudadanos en la elaboración de decisiones políticas, para poner barreras a la corrupción y para, como escribe el eurodiputado socialista Jonás Fernández en su libro Una alternativa progresista, "eliminar a aquellos jugadores que viven en la opacidad". No parece que el ensayo de la CNMC haya sacado a todos los lobbies de sus guaridas. Se han inscrito en el registro 452 asociaciones empresariales, compañías, despachos, consultoras, ONG...Y solo tres de las 35 empresas del Ibex, las mayores de la Bolsa y seguro que todas con interlocución frecuente con responsables políticos y gestores de la Administración para tratar sobre sus intereses. El resultado da a entender que esos actores no tienen mucho interés en poner luz sobre sus contactos, al menos en lo que concierne a la CNMC.

El antecedente sugiere que la siguiente iniciativa que se ha tomado en España puede tener una eficacia también limitada. El Congreso aprobó el pasado marzo una proposición de ley para reformar el reglamento de la Cámara, incluyendo un registro obligatorio de lobbies, de modo que deben inscribirse en él aquellos grupos de interés que quieran tener acceso a los parlamentarios, comprometiéndose también a acatar un código ético. Un primer reparo se refiere al hecho de que tal reforma solo afecta a los diputados, no a los miembros del Gobierno. También, que al contrario que en otros países no se incluye la obligación de dar publicidad a la agenda de los políticos, ni en principio se establece un procedimiento para conocer la llamada "huella legislativa", una información completa sobre el papel de los lobbies en cada proceso de elaboración de una ley.

Como ha subrayado el propio PP, es legítimo que la sociedad civil quiera influir en los procesos de decisión política. Pero cuanta más luz se encienda menos espacio habrá para el compadreo, las puertas giratorias y las corruptelas. Ganará la democracia y la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

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