Un asunto tan insignificante como el arbitrio por la venta de carne de toro organizó un lío monumental en el Ayuntamiento de Pontevedra a mediados de 1931. La corporación nacida tras el advenimiento de la República inició su tarea con un ímpetu arrollador, sin pasarse ni una los unos a los otros, y aquella cuestión irrelevante derivó en un choque de trenes entre dos personalidades antagónicas como Bibiano F. Osorio-Tafall y Víctor Lis Quiben.
Todavía no habían pasado cien días desde que el segundo diera su voto al primero en su designación como alcalde. Aquel gesto de fair play por parte de Lis ante el gran triunfo electoral de Tafall tuvo un efecto balsámico que duró muy poco tiempo.
Un anuncio publicado en FARO sobre la venta de carne de toro en Vigo al día siguiente de la corrida fijada para el 5 de julio en el coso de San Roque disparaba todas las alarmas. El empresario de la lidia ofrecía la comercialización exclusiva de "carne barata" por medio de la carnicería situada en la esquina de la calle Colón: carne sin hueso y costilletas, a 4 pesetas el kilo; carne con hueso a 2 pesetas y despojos a 1 peseta el kilo.
El quid de la cuestión para la corporación pontevedresa radicaba en la vigencia o no de una antigua prohibición gubernativa sobre dicha comercialización en un lugar distinto al del sacrificio de las reses. Esa indeterminación pusieron sobre la mesa el socialista Joaquín Poza y el monárquico Víctor Lis en la siguiente sesión celebrada después de la corrida de toros.
Ante las dudas surgidas y no resueltas por los asesores municipales, la corporación aprobó la apertura de un expediente informativo para curarse en salud y nominó a Lis como juez instructor. A dilucidar estaba también la responsabilidad política o administrativa de tal autorización, y cualquier otra circunstancia añadida.
Concluido el informe tres meses después, el pleno municipal acordó por mayoría su exposición y debate en una sesión declarada secreta, porqué afectaba la honorabilidad de políticos y funcionarios.
Al iniciar su intervención aquel 23 de octubre, Víctor Lis puso de manifiesto su "dolorosa actuación" por el afecto que sentía hacia las personas implicadas. A pesar de esa circunstancia, subrayó que en todo momento actuó bajo un prisma de "justicia e imparcialidad".
En síntesis, el expediente responsabilizó de lo ocurrido al teniente de alcalde Aparicio Díaz (socialista) y al veterinario Rodríguez Lois, en base a los testimonios recabados entre los empleados del matadero. Como uno y otro rechazaron tal responsabilidad, el instructor llegó al extremo de forzar un careo que no resultó determinante. Ambas partes se mantuvieron en sus trece.
Por otra parte, Lis aceptó la tesis de la venta irregular, dado que el secretario del Ayuntamiento no aportó ninguna disposición derogatoria de la prohibición hasta entonces reconocida.
El radical Gama Casalderrey intervino después y responsabilizó al alcalde de avalar personalmente la actuación de los dos implicados directos. La polémica estaba atizada. Y también exigió el ingreso en las arcas municipales del importe del arbitrio dejado de percibir por una decisión cuando menos inadecuada.
Osorio-Tafall había abandonado un momento la presidencia durante la intervención de Gama, según el acta redactada sobre aquella sesión secreta. A su vuelta, el alcalde tomó de inmediato la palabra, sacó a relucir todo su genio y cuestionó tanto la actuación como el informe de Lis, de forma notoriamente desairada.
El regidor señaló que las deficiencias de procedimiento eran tantas y tan claras, que constituían motivo suficiente para la anulación del expediente. Tafall dijo que el instructor no aportaba una sola prueba acusatoria de los supuestos responsables, y reprochó a Lis su desconsideración por el careo originado entre un concejal y unos funcionarios del Ayuntamiento.
Lis acusó el varapalo del alcalde y lamentó una dureza que consideró injustificada. A su favor reiteró que toda su actuación había respondió al interés general por reflejar en su informe las manifestaciones de unos y otros. El desagradable careo no respondió, según su explicación, más que a un interés por proyectar un poco de luz sobre unas actuaciones difusas. No obstante, en todo momento se mostró condescendiente y favorable a un acuerdo benévolo.
Al final del debate se llegó a una solución de consenso, a partir del resultado de una consulta a la Dirección General de Sanidad sobre la venta de carne de toro fuera del municipio de la lidia. En caso de ratificarse la prohibición, tal y como finalmente ocurrió, el Ayuntamiento exigiría el pago del arbitrio al empresario o en su defecto a los responsables de la autorización cuestionada.
Quizá por cerrarse en falso o quizá porqué la controversia aún estaba candente, el pleno municipal volvió sobre sus pasos cinco días más tarde al iniciarse una nueva sesión, que exigía la aprobación del acta anterior.
Gama Casalderrey reiteró su convencimiento de que los encartados en el expediente habían consultado su permisividad al alcalde; pero admitió que no había existido la intención de defraudar a las arcas municipales.
Vícto Lis negó la mayor y recalcó que los dos encausados, Aparicio Díaz y Rodríguez Lois, habían rechazado tajantemente la recepción de cualquier indicación de la alcaldía. Igualmente aprovechó la ocasión para expresar su protesta por la "desconsideración" de la alcaldía hacía su labor como juez instructor. Solo algún tiempo después Tafall hizo un llamamiento a la concordia general entre los miembros de su corporación, que no tuvo mucho éxito.
Finalmente la Dirección General de Sanidad confirmó al Ayuntamiento la vigencia de la Real Orden de 8 de junio de 1911 que prohibía taxativamente la comercialización de la carne de toro fuera del lugar de la lidia.
El importe del arbitrio no satisfecho a las arcas pontevedresas por aquella venta realizada en Vigo se estimó en 170 pesetas. Luego nunca trascendió quien o quienes ingresaron dicha cantidad.
Conociendo a "Dominguín", el empresario de la lidia, seguramente no puso ningún reparo a satisfacer el arbitrio para llevarse bien con el Ayuntamiento. Pero las actas municipales corrieron al respecto un tupido velo y obviaron ese preciso detalle.
