A estas alturas, si hay algo ya demostrado hasta la saciedad, es que aquí las cosas no son verdad o mentira, sino del color del cristal con el que las miran sus protagonistas. De tal modo que la huelga, por ejemplo, es un derecho de los trabajadores más o menos defendible: si son de los sindicatos "obreros", apenas se aceptan límites que los marcados por los convocantes; si, por el contrario, se trata de paros cuyo origen está en profesiones de alta especialización y elevados salarios, entonces leña al mono.
Ese cinismo social se vio hace unos pocos años cuando, bajo el gobierno de Zapatero, se paralizó el transporte aéreo por las huelgas de pilotos y de controladores. Que son del segundo grupo, muy especializados y aún mejor pagados, y fueron objeto de demoledores ataques de los sindicatos "de clase" y sujeto de remodelaciones salariales que en otros oficios no se habrían consentido. E incluso llegó, el gobierno "socialista", a militarizarlos, como en los tiempos del general Franco.
Ahora, otros privilegiados, que son los estibadores, parecen dispuestos a desafiar al gobierno y a la UE mediante la paralización de los Puertos españoles de interés general con una serie de huelgas que ponen en riesgo muy grave, no sólo la economía del país, sino la propia continuidad futura de la actividad en los muelles. Hay ya compañías de cabotaje que anunciaron el desvío de sus buques a otros lugares e incluso amagado con su permanencia en ellos sine die.
El problema parece especialmente grave en lo que a Galicia se refiere. Y no sólo porque en este antiguo Reino las condiciones de la estiba son mejores que en otros -lo que dificulta la negociación-, sino porque hay uno, portugués, en Leixoes, preparado para acoger lo que no se quiera atender aquí. Y ese escenario se mantiene ante la pasividad de quienes deberían actuar, dentro de la ley, para asegurar el bien común frente a los intereses de parte.
La situación, grave, pone de manifiesto una vez más la liquidación de esa deuda, pendiente con el mundo laboral desde la transición: una ley de huelga que defienda y regule ese inalienable derecho, pero que garantice también que su ejercicio no podrá hacerse contra el interés -superior- de la ciudadanía articulada en el Estado. Una tarea con la que no pudo ni Felipe González, hoy en día uno de los "malditos" en la corte del "césar" Pedro Sánchez y su Politburó. Pero no parece haber síntomas de que ese hueco se vaya a cubrir: las esfinge de Rajoy ni parpadea.
¿Eh??
