El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha emprendido su tramitación parlamentaria y, si consigue aprobarse, comenzará su ejecución en verano. Sí, sí, en verano, con un horizonte vital inferior a cinco meses -salvo que sea prorrogado-. El principal instrumento de política económica del gobierno, ha agitado el debate político más que el económico. Los dirigentes autonómicos han desatado sus recelos contra el reparto que ha hecho Montoro, conscientes de que los grados de libertad del presupuesto estatal son pequeños y del poco margen que tendrán para gastarlo.
Desde un punto de vista económico podemos tildar estas cuentas como continuistas de la trayectoria de 2015 y 2016, basadas en una tasa de crecimiento conservadora del 2,5%, probablemente por debajo de la real. Llama la atención, por elevado, el incremento del 7,9% previsto para la recaudación, unos ingresos que se verán alentados por cortesía de la inflación, los cambios impositivos y demás recursos que puedan llegar fiados a no se sabe qué providencia. Esta sobredimensión en los ingresos, costumbre ya del Ministro de Hacienda, puede restar credibilidad a la política fiscal e incrementar la incertidumbre sobre su ejecución.
La economía española sigue navegando en las turbulentas aguas de la globalización, agitadas por los vientos de cola de la política monetaria expansiva y los bajos precios del petróleo. La recuperación, basada en la demanda interna y en las exportaciones, no es sólida y las cicatrices de la crisis están aún por cerrar. Supura un mercado de trabajo enfermo, con una afiliación a la seguridad social pauperizada y un stock de deuda pública que roza el 100% del Producto Interior Bruto. Todo ello, con la exigencia de reducir el objetivo de déficit al 3,1%, traza el rumbo a unos presupuestos que han de acometer un recorte de 14.200 millones de euros.
En ausencia de decisiones valientes sobre la reforma de la administración -cuyo debate ha ido languideciendo hasta desaparecer-, no se vislumbra mucha más salida que un ajuste en la inversión para poder mantener el Estado de Bienestar y el sistema de pensiones. De momento, para no pasar el trance de hacer cero el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el Estado le va a prestar dinero. Sus arcas siguen deficitarias a pesar del crecimiento. La exigua recaudación de los nuevos contratos resulta insuficiente y solo sirve para reducir el tamaño del agujero, pero no para taparlo.
Así, pues, el crecimiento económico, la disminución del paro y la congelación de los gastos con retroceso para la inversión, son las señas de identidad de estas cuentas.
Y, de todo, ¿qué le ha tocado a Galicia?, ¿los 920,4 millones de euros para inversión son mucho o son poco?, pues permítame que conteste diciendo "depende". Depende del grado de realización. Si partimos del poco tiempo material del que se dispone para su ejecución, podría considerarse un éxito si la partida logra realizarse. Lo cierto es que sería de justicia, es hora de ir rematando las obras pendientes. Primero fueron los recortes, luego la excepcionalidad de la situación política y, año tras año, la comunidad gallega ha ido acumulando retrasos en infraestructuras básicas que la han alejado mucho de lo planificado. Un botón de muestra, en 2016, fueron presupuestados en el capítulo VI más de 1.369 millones, de los cuales la mitad iban destinados al AVE. Pero de estos, no llegaron a ejecutarse ni un 20% en el primer semestre. Entonces, si ahora se hiciesen realidad las inversiones previstas, la comunidad saldría ganando con respecto a los ejercicios anteriores, donde fue habitual que la quimera pintada en forma de Ley de Presupuestos se diese de bruces con la realidad.
No es de extrañar, por tanto, que el presidente Feijoo haya propuesto la creación de un comité de seguimiento para la ejecución presupuestaria real y, dicho sea de paso, recurra a un instrumento de presión para explicitar que a los gallegos no les gusta la política ficción. La conveniencia de este órgano de seguimiento está fuera de duda, como ya había apuntado el experto designado por Galicia para preparar las bases del nuevo sistema de financiación autonómica, Santiago Lago. Con una forma algo diferente, pero la misma finalidad, confiemos que este o cualquier otro instrumento semejante sirva de acicate para el cumplimiento presupuestario. Aquí, como en todo, lo importante no es moverse, sino avanzar y, como decía Peter Drucker, hemos de ser conscientes de que "la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro que tendrán las decisiones presentes".
*Profesora de Economía Aplicada de la USC
