A pesar de que lo más probable es que se apele a los reglamentos, las previsiones o, para mayor extravagancia, al Códice Calixtino, resulta inexplicable que nadie esta semana, con varias mujeres muertas en Galicia y un pleno parlamentario, ninguna de sus señorías dentro o fuera del orden del día haya planteado de forma oficial la búsqueda de un remedio para esa escalada de horror. Se dice remedio, y no solución porque ésta ha de se definitiva y por tanto mucho más difícil de hallar que aquel y por tanto requerirá muchos más esfuerzo y sobre todo mucha más voluntad.
Y es que las malditas cifras de la violencia de género y el exceso de palabrería además del déficit en la acción, provocan un estado de alarma social cuya eliminación es el primer deber de los gobiernos. Y se dice en plural porque aquí, no se sabe bien si por suerte o por desgracia, hay tantos -gobiernos- que parecen estorbarse entre ellos. Y es precisamente lo contrario, la coordinación y la unificación legales para resolver un problema que tiene matices en su origen pero que se convierte después en delito y muerte, son la mejor salida para una cuestión impropia del siglo XXI.
Y es que la violencia de género -un concepto que debería ampliarse- es en el fondo un asunto de déficit educacional, cultural y social. Y además encajado en un -guste o no leerlo- atávico modo de ser de costumbres masculinas presididas por la idea de que la mujer no es compañera ni igual, sino propiedad y por tanto de uso libre de su "dueño". Y eso puede curarse en las escuelas y en las familias y quizá medicarse en otros instituciones que aportan ayuda material o personal; pero son las dos primeras, educación y costumbre de convivencia, la única o mejor esperanza de que acabe la pesadilla.
Hay más reflexiones que hacer. Por ejemplo la penitenciaria, que habrá de consistir en un replanteamiento a fondo de conceptos sobre los que se apoya la normativa vigente. Es absurdo, verbigratia, que la libertad condicional de los agresores de género se rija más o menos por los mismos parámetros que los de un ladrón o un estafador; estos dos géneros con sus respectivos matices son mucho más susceptible de cumplir el mandato constitucional que establece la reeducación como finalidad carcelaria, que los otros. Y está demostrado: mientras una mayoría notable de los agresores reincide otro tipo de delincuentes, en cambio, no.
Desde luego, cuanto precede es opinión personal de quien lo escribe, que tiene conciencia clara de la enorme dificultad de la tarea. Pero si esta sociedad, desde el imperio de la ley, ha sido capaz de superar violencias generalizadas, amenazas sin límite claro y hechos concretos de terror, debe buscar sin descanso y con todos los medios a su alcance la eliminación de un problema que, como la violencia de género, no solo es mortal para muchas mujeres sino también vergonzoso para quienes, jóvenes o mayores, residen en este antiguo Reino.
¿O no?
