Entre los abundantes sustos que se está llevando en este periodo postelectoral una buena parte de la sociedad gallega, conviene destacar los que se refieren al área económica. O, para ser más exactos, a la repetición de decisiones que implican o la pérdida de mayorías en el accionariado original de empresas importantes o la aparición de las llamadas "megafactorías" que, en tierra extranjera, suponen una competencia directa y ventajosa con las que aquí están.
En esa línea se advirtió no hace mucho tiempo de la amenaza que para el sector de la automoción que está funcionando bien en este país, del anuncio de que una fábrica estadounidense podría instalar pronto en Portugal otra de esas "megafactorías" para construir nuevos modelos de vehículos eléctricos o híbridos. Y aunque la Xunta hizo de don Tancredo, el riesgo existe, e ignorarlo no parece el mejor de los sistemas posibles.
Ahora, este periódico acaba de informar acerca de la decisión del Gobierno uruguayo de autorizar en sus costas otra "megafactoría", ésta de tratamiento de pescado, por firmas chinas. Y cuya operatividad se anuncia para relativamente pronto y que va a constituir un desafío directo para la flota gallega que faena en aquellas aguas. Un desafío que, al menos en número de buques, los gallegos no parece que puedan afrontar con garantías.
Así las cosas, y sin intención alguna de reprocharle a alguien lo que no es sino la decisión soberana de un gobierno legítimo como el de Uruguay acerca de sus compromisos comerciales y económicos, se echa de menos aquí que durante la reciente visita del presidente de aquel país a Galicia no se obtuviera más que olvido en lo referente a ese dato, de máximo interés para sus anfitriones.
En ese sentido, y recordando también la reciente visita del director general de Pemex, en cuyo transcurso se rebajaron en mucho las expectativas que se habían dibujado, quizás con exceso durante la estancia anterior, allá, de la embajada del Gobierno gallego. Porque fue la propia Xunta la que habló de "éxitos", y esa aparente divergencia podría -y debería- abordarse en el Parlamento.
La cuestión no es dudar de la palabra de unos u otros sino repasar, con mesura pero sin miopía, los supuestos beneficios que el conocimiento cercano de las empresas gallegas y su condición de "gente de fiar", como las definió el señor Feijóo, le proporcionaría a este antiguo Reino. Porque dado lo visto hasta ahora -citando casos solamente en parte, ya que cabrían más relatos y desde luego bastantes más ejemplos- no parecen viajes para los que se necesitasen tantas alforjas.
¿Verdad...?
