De modo que, resumida en este periódico la situación procesal de varias piezas separadas de la llamada operación Pokemon, y confirmado su archivo por falta de pruebas según el juez que revisó las instrucciones correspondientes, cabe preguntar, y preguntarse, algo tan sencillo como lo de "y ahora, ¿qué?" Es decir, qué es lo que va a pasar con quienes -durante años- han padecido las" penas del telediario" y del resto de fuentes mediáticas, y quién les va a devolver su honor cuestionado y ayudar a que olviden los amargos días que han vivido, ellos y sus familias.
Y ose trata -aspecto que debe quedar claro- de exigir responsabilidades a los jueces que instruyeron las piezas o la Pokemon en su conjunto o llevaron los casos del alcalde de Caldas o el ex de Ourense, verbigratia. Afortunadamente, el Estado de Derecho aporta garantías para los investigados -antes imputados-, entre ellos la capacidad de recurrir las decisiones. Pero es preciso también insistir en algo que todos admiten pero que nadie resuelve: que una Justicia que tarda años en declarar la inocencia de personas es injusta. Y la injusticia debiera repararse de algún modo, al menos en opinión personal de quien la expone, que declina señalar cómo, porque para eso hay expertos.
Dicho esto es preciso reiterar -y debería volverse obligatoria- esa reflexión acerca del modo cainita con que en España se violan de forma impune el cumplimiento de derechos constitucionales como la presunción de inocencia. Que es clave en el Derecho Penal actual, humanizado desde los tiempos de Beccaría -o de la gallega Concepción Arenal- y que también se vulnera, al menos en espíritu, con linchamientos mediáticos a base de filtraciones interesadas. En ese sentido, y ahora que el tiempo debilitó un poco las reacciones por la muerte de la señora Barberá, verbigratia, debiera abrirse un debate, lo más tranquilo posible, también sobre el aforamiento de los jueces y la facilidad que -a diferencia de los militares- tienen para entrar en política y volver a su oficio al día siguiente de salir de ella. Y eso pese a que su independencia quede dañada, como su credibilidad.
Los casos citados, y bastantes otros que podrían añadirse -remontándose incluso al ejemplo del socialista don Demetrio Madrid, relevado por Aznar de la presidencia de Castilla y León tras una moción de censura motivada por una condena después anulada por el Supremo- justifican la pregunta que muchos de los afectados estarán haciéndose; ese "¿Y ahora, qué?" a lo que en apariencia nadie quiere, o se atreve a dar respuesta. A pesar de que el silencio constituye, por sí mismo, otra flagrante injusticia.
¿Eh...?
