A poco que se mire sin mayores profundidades, eso de elaborar una ley contra la pobreza energética como propone -otra vez- el Parlamento, suena a gloria bendita, sobe todo para quienes estén afectados directamente por ella. Y a solidaridad, porque los recursos -a falta de conocer qué papel jugarán las eléctricas- los aportarán los demás ciudadanos previo paso por los presupuestos y el resto de las vías administrativas.
Lo malo, como casi siempre, es la realidad, que dice que con una ley, aunque sea energética, no se combate en serio la pobreza porque quien no tiene para pagar la luz es muy probable que tampoco disponga para los múltiples gastos que supone el vivir de cada día. Y menos aún si el impulso legislativo se debe sobre todo al detestable oportunismo político de la tragedia de Reus, en que una anciana murió por accidente y desidia de las administraciones públicas y privadas.
Y es que eso de legislar, dicho con todo respeto y solo como opinión personal, debería ser algo más serio que agitarse por un hecho terrible y tratar, aún con buena intención, de resolverlo cuando la dimensión del problema exige todo un programa de gobierno. Y en el caso de la energía, y su coste, la voluntad política y el coraje de afrontarlo con todas las herramientas disponibles en un Estado de Derecho.
Por ejemplo, la cuestión energética en Galicia, que tantos han intentado afrontar sin que hasta ahora nadie lo haya conseguido -tras episodios pintorescos unos y sospechosos otros- ha de pasar por decirle a los gobiernos que no es lógico que un país en el que la energía eléctrica es abundante haya de pagarse a los mismos precios y con impuestos similares a los que no la tienen.
O sea, que lo que aquí ocurre es como si un árabe saudí pagase la gasolina al mismo precio que un gallego residente en Antas de Ulla, aunque esta comparación pueda ser aún más odiosa de lo que dice el conocido refrán.
Y en España, y en Galicia, con otros sistemas, extraña que se hable en concreto de "pobres energéticos". Lo que hay son "pobres", punto, y eso es lo que hay que combatir no con leyes limosneras, sino con una política diferente, que piense más en sacarlos de esa situación que en proteger las macroeconomías de quienes, aún en plena crisis, nunca han carecido de bienestar.
Habrá, por supuesto, quien considere que lo expuesto es demagogia, con un fondo argumental mucho más fácil de recitar que de aplicar. La prueba es que el PPdeG, con dos mayorías absolutas antes que ésta, asuma la ley ahora, tras lo de Reus. ¿Será una casualidad?
¿Eh...?
