Reflexiones sobre compa tibilizar empleo y pensión

30.10.2016 | 02:29
Reflexiones sobre compa tibilizar empleo y pensión

La propuesta avanzada por la ministra Fátima Báñez, como cualquier otra medida de política económica o social, resulta difícil de valorar sin conocer los detalles. Al presentarse al hilo de la discusión sobre la reducción del Fondo de Reserva tenemos incluso dudas sobre cuál es su objetivo. El foco de atención ha cambiado, al menos a nivel mediático, pasando del fomento del envejecimiento activo a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin conocer el objetivo no es posible comparar las alternativas, y sin este ejercicio, no podemos evaluar su eficiencia. Más aún, ignoramos los detalles de su aplicación (la "dichosa" letra pequeña), que nos permitirían analizar la efectividad. Por lo tanto, no es posible evaluar la propuesta ni en términos de eficiencia ni en términos de eficacia. Sin embargo, sí es posible avanzar algunas ideas generales.

En primer lugar, aunque se presente en el contexto de la sostenibilidad del sistema, esta medida no tiene como objetivo incrementar los recursos de la Seguridad Social. Existe una cotización de "solidaridad" de los pensionistas activos, pero es muy reducida (el 8% de la base de cotización). Solo en el caso de que aflorase un importante volumen de empleo "sumergido" entre los pensionistas, el efecto sobre la sostenibilidad del sistema podría ser significativo. Por lo tanto, no es una medida pensada para apuntalar el sistema de pensiones.

En segundo lugar, la propuesta sí permitirá establecer un mecanismo para asegurar rentas a los trabajadores de ingresos medios-bajos que no han logrado acumular ahorro privado. Llegado el momento de su jubilación obligatoria, estos trabajadores pueden encontrarse con una pensión pública que no cubre sus necesidades. La solución está servida: hay que seguir trabajando. Es decir, esta medida permitiría asegurar los ingresos a estos trabajadores-pensionistas en el caso (cada vez más probable) de una reducción de las pensiones en los próximos años.

En tercer lugar, esta propuesta tiene importantes efectos redistributivos, existiendo un elevado riesgo (en función de cómo se implemente) de que sea poco equitativa. Dar la posibilidad de separar la decisión de trabajo de la de cobrar la pensión es buena para los individuos. De esta forma se elimina una restricción que podía alejar a parte de la población de sus elecciones óptimas (entre otros, todos aquellos que quieren continuar trabajando, pero no desean esperar más para cobrar su merecida pensión tras largos años de cotización). Sin embargo, su aplicación en un contexto de reducción relativa de las pensiones puede tener efectos no deseados. Previsiblemente serán los trabajadores de bajos salarios y con mayores periodos de falta de cotización (por desempleo o abandono del mercado laboral) los más interesados en compatibilizar pensión con trabajo, siempre que su salud y su ocupación se lo permita (recordemos la importancia de los determinantes socioeconómicos en el estado de salud y las diferencias en las exigencias físicas de los diferentes puestos de trabajo). Por tanto, existe el riesgo de que esta nueva propuesta genere un grupo de trabajadores que voluntariamente se vean "obligados" a aceptar "minijobs" para mantener sus ingresos. En cualquier caso, se trataría de una herramienta no válida para todos los trabajadores, resultando poco equitativa e incluso discriminatoria.

En cuarto lugar, si el objetivo es alargar la vida laboral de los trabajadores en edad avanzada, ¿es esta la medida la más apropiada?, ¿resulta consistente con masivas jubilaciones anticipadas acordadas entre grandes empresas y sindicatos para flexibilizar los ERE? Aumentar la cohesión social incrementando la participación laboral de los trabajadores mayores es un objetivo deseable, pero existen múltiples alternativas para lograrlo. Entre otras medidas se podría actuar sobre los incentivos empresariales a mantener trabajadores en edad avanzada en sus plantillas. La propuesta facilita el incremento de la oferta de trabajo, pero no obliga a la empresa a mantener al trabajador jubilado, aunque lo solicite, lo que puede acabar en un despido (con los costes asociados) y, por lo tanto, obligar a un cambio de trabajo o ocupación del pensionista activo. Se estaría generando una oferta de trabajadores cualificados y altamente productivos a bajos precios. Y en este caso el trabajador en edad avanzada no se comportaría como mano de obra complementaria de la joven, sino que podría resultar un duro competidor, al tratarse de un trabajador en ventaja frente a aquellos que no tienen ingresos.

En suma, esta propuesta, que puede considerarse positiva desde el punto de vista individual (amplía el conjunto de posibilidades de elección), tiene un impacto muy limitado sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo y, en función de su diseño, puede resultar poco equitativa y discriminatoria. Esperemos que, de llevarse a cabo, en su desarrollo se incluyan medidas que eviten estos efectos no deseados. La solución a largo plazo del sistema de pensiones pasa, primero, por elevar el pobre nivel de empleo existente, mejorando su calidad (base de cotización); a continuación podremos discutir si incorporar nuevas fuentes de financiación o contener la generosidad del sistema. Pero no empecemos por el final. En este caso, el orden sí altera el resultado.

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