Dos no se entienden si uno no quiere. Eso resulta evidente. Pero todavía más claro parece que dos partes no convergen si ninguna de las dos, ni la una ni tampoco la otra está por la labor. Eso cae de cajón. Tal cosa ocurre con el desencuentro que protagonizan el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, a cuenta de la instalación de un centro de I+D forestal por parte de Ence en el Pazo de Lourizán, acompañado de una inversión global de cinco millones de euros.

¿En dónde está el problema de esa falta de diálogo? El quid está en el intento de demonizarse entre sí, antes que nada y por encima de todo. Ahí radica el escollo. Este tipo de debate tan cansino en torno al "y tú más" tiene harta a una ciudadanía, cuya clase política no acaba de interpretar bien sus verdaderos deseos sobre las cosas más elementales.

Un tema colateral y no suficientemente aclarado gira en torno al tipo de compromiso como usuaria que adquirió la Xunta sobre el mantenimiento del Pazo de Lourizán por el convenio establecido con la Diputación de Pontevedra, propietaria del palacio de Montero Ríos. Ese asunto está en litigio, aunque el fondo del problema ahora sea otro, que pasa por una negociación a tres bandas, Xunta, Diputación y Ence.

Carmela Silva ha dicho a Alfonso Rueda que está dispuesta a una reunión entre ambos, pero sin la presencia de la empresa. Ese planteamiento inicial tiene su motivación y hasta su lógica. En modo alguno excluye a priori un posterior encuentro entre las tres partes, según el grado de entendimiento previo entre ambos, aunque hoy por hoy parece mínimo. La sombra del pacto de gobierno PSOE-BNG y el rechazo de éste a todo lo que conlleva Ence parece concluyente.

El meollo de la cuestión está en vislumbrar si una negativa de la presidenta de la Diputación a negociar con Ence la cesión del Pazo de Lourizán para ubicar allí su centro de investigación y desarrollo forestal, a cambio de una inversión de cinco millones de euros para recuperar el maltrecho palacio, podría interpretarse en buena lid como una imposición del BNG en su acuerdo de gobierno con el PSOE, o también entenderse como una falta de compromiso con Pontevedra por parte de Carmela Silva.