Desde siempre, el mes de junio ha sido una época dura para los estudiantes, pero difícil e intranquila para los padres.
Este año, la preocupación y la ansiedad se traslada a las familias que el próximo curso terminan el bachiller y todavía no saben a ciencia cierta con qué se van a enfrentar, ni pueden programar el futuro de la formación de sus hijos, al estar pendiente de definir el modelo de prueba que dará acceso a la Universidad.
Durante las tres últimas décadas, nuestras Instituciones Universitarias se han transformado radicalmente en nuestro país. Además, nuestra Constitución consagró la autonomía de las universidades, lo que dio lugar a que el número de instituciones se cuadriplicase, creándose centros universitarios en prácticamente todas las poblaciones de cierta entidad y capitales de provincia. Al mismo tiempo, se consumó el proceso de descentralización universitaria a las Comunidades Autónomas, con todas sus ventajas y procesos implicados.
Pero la transformación de la Universidad española no ha sido llevada de una forma consensuada. Cada gobierno autonómico, y también en muchas ocasiones los del Estado, establecieron una reforma universitaria que enmendaba la anterior y trastocaba todos los procesos y lapsos anteriores.
Entendemos que la Educación, como gran apuesta estratégica para el presente y futuro de España, no debe estar sujeta a grandes sobresaltos de forma continuada, tal y como lamentablemente ha ocurrido hasta ahora.
Lo primero que se requiere es lograr un gran pacto social (y por supuesto político) por la Educación, con la finalidad de alcanzar la estabilidad de las políticas educativas. Con ello, se lograría, en primer término, tal y como ha expresado públicamente la OCDE a través de la Unesco, el ayudar a estabilizar y eliminar los obstáculos sociales y económicos.
Así se conseguiría una verdadera igualdad de oportunidades para acceder a unos estudios y formación adecuados con los principios de capacidad, trabajo y responsabilidad, en los alumnos y en la propia institución (profesores, catedráticos, decanos, rectores, etc.). Se evitaría la elevada endogamia existente, que impide la siempre saludable renovación. De esta manera se cumpliría el objetivo de que la Educación sea el verdadero motor social que impulse el país.
Dicho lo anterior, también debe ser abordado el modelo de prueba de acceso a la universidad para nuestros estudiantes.
En estas fechas, entre el 6 y el 16 de junio, cerca de 400.000 alumnos realizaron por última vez la Selectividad, la prueba de acceso a la Universidad. ¿Qué depara el futuro inmediato?
En el horizonte aparecen los cambios que se recogen en la Lomce, aunque todavía el decreto que los recoge no ha sido publicado. El aspecto más polémico y novedoso es el carácter de reválida del nuevo bachillerato.
En el fondo, la prueba de acceso a la universidad, conocida como PAU, la gran finalidad que tenía era no solo la de aprobar, sino la de obtener la nota de corte que posibilite estudiar la carrera universitaria escogida.
Con la nueva prueba, el objetivo sería el mismo, unificar las calificaciones, con baremos entre el 40 y el 60%. Pero todavía no se conocen si existirá la uniformidad en las pruebas para toda España o si algunas facultades o Comunidades Autónomas realizarán una segunda prueba específica. Sea como fuere, debe conseguirse la justicia e igualdad de oportunidades.
En 2015, mientras en Asturias aprobaron la Selectividad el 78% del alumnado, en Canarias se alcanzó el 98% de aprobados, lo cual parece arrojar una gran discrecionalidad.
No podemos olvidar que dentro de la reforma del sistema universitario se requiere una mayor participación de las empresas en la planificación de planes de estudio y perfiles de profesionales, adaptados a las necesidades que requiere el entorno económico y social, tanto el actual como el futuro, que ya está empezando a dibujarse.
Es indispensable promocionar, en función de la eficacia, una mayor participación de la enseñanza privada en el ámbito general y universitario.
Desde la CEP, consideramos que se debe establecer una relación fluida entre la Educación y la Empresa, incluido el modelo de Formación Profesional, que debe ser potenciado.
En cualquier caso, las premisas fundamentales están claras. Por un lado, debe darse estabilidad al conjunto del sistema educativo, que a su vez debe adecuarse a las necesidades de la sociedad y el sector productivo. Por otro, ese nuevo modelo educativo debe convertirse en el verdadero eje de la igualdad de oportunidades que dé lugar a una sociedad más equitativa y capaz. Todos debemos comprometernos en este objetivo, nos estamos jugando el futuro de las generaciones venideras.
