La discusión sobre la eficacia e independencia de los organismos encargados de regular y vigilar los servicios financieros en España se ha avivado con un encontronazo protagonizado por el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, y el secretario de Estado de Economía en funciones, Íñigo Fernández de Mesa. El primero sugirió, durante una intervención pública, cambios de alcance en el modelo actual: de una parte, extender las competencias supervisoras del Banco de España a las aseguradoras, ahora controladas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Gobierno, y a los fondos de inversión, actualmente bajo la lupa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); de otra parte, se Restoy planteó que este último organismo asuma la vigilancia de los mercados financieros con el mandato principal de velar por los intereses de los consumidores.
El subgobernador añadió una crítica al hecho de que siga habiendo reguladores (los referidos al sector asegurador y a los auditores) que dependen orgánicamente del Gobierno, algo que en las formas casa mal con los principios de independencia que internacionalmente se demandan para las instituciones de esa naturaleza.
La respuesta de Fernández de Mesa fue insinuar que se trata de una maniobra del Banco de España porque el avance de la Unión Bancaria Europea le ha dejado sin buena parte de sus atribuciones sobre el sector crediticio y también poner el foco sobre el hecho de que el negocio asegurador, al contrario que el financiero, no necesitó ningún rescate con dinero público. Tal reacción dirigida desde el Ministerio de Luis de Guindos deja ver que el respeto a la autonomía de los reguladores respecto al poder político, y por tanto a los juicios técnicos de los primeros, es aún una asignatura por aprobar. El nombramiento en 2012 de la exministra del PP Elvira Rodríguez al frente de la CNMV o los roces del Ministerio de Industria con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) son otros síntomas de ello.
Por lo demás, el ruido no debería silenciar la necesidad de poner más la lupa sobre el funcionamiento de un sistema de regulación y supervisión que, entre otros rotundos fracasos de estos años de crisis, no protegió a los consumidores de las participaciones preferentes o de la salida a Bolsa de Bankia.
