A finales del año 1968 los aires revolucionarios del mayo francés se hicieron sentir con fuerza en el Ateneo de Pontevedra. Tanta resultó su virulencia que la entidad acabó totalmente desarbolada a principios de 1969, solo tres años después de su puesta en marcha.
Alguien dijo entonces que la entidad ya había dejado de ser la casa de los hombres libres que había proclamado su manifiesto fundacional.
El Ateneo era como una caldera en ebullición, que subía y subía su temperatura ambiental. Una sociedad enriquecida por una gran masa social de pelaje dispar en el ámbito cultural, político y social, que disfrutaba de la mayor permisividad conocida en la España de aquel tiempo.
No ocurrió nada especial en 1966 con el ciclo sobre Teilhard de Chardin, teólogo francés que deslumbraba entonces a media Europa con sus ideas progresistas dentro de la fe cristiana. Tampoco se rasgó las vestiduras nadie al año siguiente con otro ciclo titulado "Cien años de ideas sociales: de Carlos Marx a Juan XXIII", que abrió el jesuita Jesús Aguirre, luego Duque de Alba, y que cerró el filósofo Manuel Sacristán Luzón, reconocido marxista.
Los acontecimientos se precipitaron tras un ciclo desenvuelto en la primavera de 1968 bajo el título aparentemente inofensivo de "El espíritu del pueblo español: carácter y destino de una comunidad". Por un local social a rebosar pasaron sucesivamente Julio Caro Baroja, Julián Marías, Joaquín Ruíz Giménez y José Luís López Aranguren, quien puso el broche final en los contagiosos albores del "mayo francés". Aquella resultó la última charla en libertad plena del Ateneo de Pontevedra.
Un mes después saltó la chispa que provocó su estallido a través de un escrito firmado el 21 de junio de 1968 por el delegado provincial de Información y Turismo, José Antonio Campos Borrego, quien nueve meses antes había sustituido en el cargo a Eduardo López Merino.
La comunicación recordaba a la asociación la obligatoriedad de acatar una reciente disposición de 10 de junio de la Dirección General de Política Interior, seguramente dictada con la intención de frenar cualquier posible efecto contagio del país vecino. El horno no estaba para bollos.
La norma en cuestión subrayaba la plena vigencia de dos órdenes ministeriales de 1939 y 1940 que algunos creían totalmente superadas tantos años después. Esas resoluciones establecían la necesidad de una autorización gubernamental, así como del sometimiento a censura previa, de cualquier conferencia o disertación de carácter público.
La directiva presidida por Alfonso Zulueta de Haz, entonces notario en Marín, cuestionó el apercibimiento y tramitó un recurso administrativo muy bien estructurado jurídicamente. En síntesis, defendía que las actividades del Ateneo no eran públicas sino privadas y restringidas a sus asociados. No tenían carácter abierto. Por tanto, no tenían por qué someterse a aquella disposición restrictiva.
La directiva explicó su posición al gobernador civil, Ramón Encinas, a través de cual enviaron un escrito a la Dirección General de Política Interior para justificar su planteamiento. No hubo contestación oficial, pero bajo cuerda se consideró inadmisible tal posicionamiento.
La directiva convocó entonces una asamblea general extraordinaria el 7 de noviembre de 1968 para calibrar la situación creada. Singularmente el inspector de policía San Román, tan temido en aquel tiempo, ocupó un lugar en la mesa presidencia. Su pretensión intimidatoria parecía más que evidente.
La directiva presentó el llamado "informe Zulueta", que repasó la trayectoria del Ateneo desde su inicio y planteó la situación creada por el requerimiento de Información y Turismo. La actuación de la junta recibió un total refrendo y Zulueta anunció su dimisión irrevocable por un problema de conciencia. No estaba dispuesto a aceptar aquella censura previa.
El resto de la directiva hizo lo propio: Isidoro Millán González-Pardo, Juan Manuel Lazcano Castedo, Claudio Castro Paradela, José Luís Fontenla Rodríguez, Juan José Barbolla Abión, Manuel Aramburu Núñez, Antonio Odriozola Pietas, Alfonso Barreiro Buján, Manuel Cuña Novás, Juan Ameijeiras Recuero e Ismael Sierra Franco. Uno tras otro, todos dimitieron.
Pese a su negativa, la asamblea terminó con la reelección de Zulueta como presidente, que obtuvo 67 votos, frente a los 65 conseguidos por Augusto García Sánchez.
A partir de aquel momento se puso en cuestión la viabilidad misma de la entidad y se abrió un gran debate interno entre los "posibilistas" (partidarios de acatar la normativa para seguir viviendo) y los "rupturistas" (favorables a un haraquiri puro y duro). Las asambleas extraordinarias se sucedieron las semanas siguientes con el Ateneo ya metido en un callejón sin salida.
Manuel Cuña Novás, que presidió una asamblea, resumió bien en su repaso a la trayectoria de la sociedad el sentir mayoritario de aquella masa social variopinta:
"Siempre nos hemos comportado -dijo- con responsable y digna libertad, con humana deferencia ante todo hombre, ante toda idea, ante toda legislación. Por eso no queremos, y así lo hemos expresado clara y decisivamente, interferencias en la vida de nuestra sociedad".
Antes de someter a votación la suerte de la entidad, Cuña subrayó que "debe quedar profundamente claro que, tanto los que votemos con propia voluntad por querer que viva, como los que votemos contra nuestra voluntad por su muerte, unos y otros amamos todos de verdad al Ateneo".
De aquel escrutinio salió la decisión de convocar una asamblea definitiva para certificar la disolución del Ateneo. Su suerte parecía echada.
A pesar de los buenos deseos de Cuña Novas, lo cierto fue que el clima de la sociedad estaba muy enrarecido entre "rupturistas" y "posibilistas". Tanto se tensó la situación que abrió una gran herida social.
La asamblea prevista aquel año por estas fechas no pudo celebrarse en varias ocasiones por falta de quorum. Cuando al fin se llevó a cabo en tercera convocatoria, solo asistieron veintisiete personas sobre una gran masa que superaba los quinientos socios. Ya para entonces, 11 de febrero de 1969, el Ateneo había sido desahuciado de sus locales por la Delegación Provincial de Información y Turismo, y había quedado a la intemperie.
Aquella asamblea nada representativa rechazó la disolución de la sociedad por 23 votos a favor y 4 en contra. Pero el Ateneo entró directamente en la UCI con el pulso plano y así permaneció invernado nada menos que hasta doce años después.
El bueno de Juan Vidal Fraga, ateneísta de pro, ejerció de guardián de sus mejores esencias para evitar su muerte por inanición. Después de una larga y penosa travesía del desierto entregó finalmente el testigo a Jesús Díaz Bustelo en 1982. Nadie mejor que un médico para iniciar el tratamiento que llevó a la recuperación del Ateneo de Pontevedra en otro tiempo bien distinto, y así llegó hasta el momento actual.
