Dicen quienes saben de esto que las elecciones del día 20 van a cambiarlo todo en España, aunque en realidad se trate de una mera consulta de rango autonómico. El interés reside únicamente en que no se sabe con exactitud qué partido o partidos van a gobernar. Como si eso tuviera particular importancia.
Apenas tres semanas antes de la fecha fijada para el acontecimiento, las encuestas sugieren que los días del bipartidismo están contados. El tradicional derbi entre el PP y el PSOE -trasunto político del Madrid-Barça- va a dejar paso a un ménage à trois con la participación de Albert Rivera como tercero en concordia, lo que tal vez añada un atractivo plus de erotismo a la votación.
Los votantes conservadores y algunos de los socialdemócratas confiesan en los sondeos el propósito de engañar esta vez a su partido, echándose en brazos de otro con un candidato más guapo y mucho más regeneracionista que el suyo. Está por ver que consumen esa infidelidad, pero aun si así fuese, el resultado final no supondrá mudanza radical alguna. A lo sumo, un cambio de parejas de baile.
Las combinaciones entre los partidos que van a la par en las encuestas no dejan mucho sitio a la imaginación. Lo mismo puede gobernar el PP con el apoyo de Ciudadanos que Ciudadanos sostenido por el PP, Ciudadanos con el PSOE o el PSOE con Ciudadanos. La hipótesis de una alianza gubernamental entre los socialistas y Podemos, creíble hace algunos meses, parece haber quedado del todo desechada por el bajón de las acciones de Pablo Iglesias en el mercado del voto.
Todo esto son juegos de mesa, naturalmente. Los diputados que salgan de estas elecciones más bien autonómicas podrán legislar, como mucho, sobre asuntos menudos de tipo local. La economía, la moneda, el control de la inflación y los asuntos exteriores quedan fuera de las competencias del Gobierno al que elija el Congreso tras los pertinentes y acaso laboriosos pactos previos.
La política financiera la fijan, en realidad, Bruselas y el Banco Central Europeo; la exterior se decide en Washington y la gestión diaria de la Sanidad, la Educación y en algunos casos la Hacienda, corre en España por cuenta de los reinos autónomos a los que esas competencias han sido transferidas.
Tan prolijo reparto de atribuciones deja al Gobierno español sin más mando que el de los Presupuestos Generales y la legislación en materia laboral y de costumbres, aunque a menudo esta última sea una mera transposición de las directivas de la UE.
El verdadero poder lo ejerce, como es sabido, la canciller en jefe de Alemania, Ángela Merkel o quien ocupe ese cargo. Tanto da que las elecciones las gane en Grecia un izquierdista de la rama extrema como Alexis Tsipras o -si fuera el caso- el Frente Nacional en Francia. Los gobiernos, incluyendo por supuesto al español, se limitan a aplicar las grandes líneas de política económica que les dictan desde Berlín. Unos lo hacen gustosamente y otros a la fuerza, pero el resultado es el mismo.
Gane quien gane el próximo día 20, que probablemente serán todos, la nave Europa no permite bamboleos más allá del conservadurismo liberal por la banda de estribor y la socialdemocracia algo menos liberal por la de babor. Se trata, simplemente, de elegir al Gobierno encargado de seguir las instrucciones de Merkel. Aunque el ménage à trois le añada en esta ocasión algún incentivo al votante rijoso.
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