A estas alturas, dicho con todo respeto y desde el mero animus opinandi, uno de los datos que más llama la atención de la tormenta judicial que padece Galicia es que apenas alguien haya elevado quejas. Especialmente desde los más afectados por ella, que son -aparte las instituciones- los que con frecuencia ven sus nombres, apellidos y circunstancia aireados sin las garantías que, como supuestos justiciables, deberían corresponderles.
Lo cierto es que, ahora mismo, la profusión de casos que se instruyen ha convertido parte de la vida pública de este país, y la privada de algunos de sus actores -políticos, empresarios y/o funcionarios- en elementos de un tiovivo que gira sin parar desde hace demasiado tiempo y sin que la mayoría de ellos sepa con detalle cuándo podrán bajarse, lo que les garantiza tarde o temprano un muy considerable malestar producto del inevitable mareo.
El último, por ahora, de quienes han llegado a la feria es el alcalde de Pontevedra, además de varios de sus colaboradores, y de cuanto se ha sabido no parece que haya causa bastante para que deba estar en el tiovivo. Pero como también se ha publicado, sin ser desmentido, que el SVA -la policía judicial de la operación Pokemon- ha solicitado permiso para seguir investigando, pues cualquiera sabe lo que puede salir al final que hasta ahora no saliera.
Sea como fuere, hay unas cuantas cosas que como en otras "operaciones" en marcha causan extrañeza y acerca de las que alguien con autoridad bastante habría de poner los puntos obre las íes. Por ejemplo, que resulta insólito que se trate de "buscar indicios" o se reclame "investigar para ver si los hay" mientras se pone en solfa , mediante filtraciones, entre otros "detalles", la presunción de inocencia.
Suena antiguo -aunque es solo un punto de vista- y, por tanto, de opinable justicia. En el caso del alcalde pontevedrés, como en el de Vigo y los ya ex de Lugo y Ferrol, al igual que no pocos otros cargos públicos imputados, investigados o simplemente señalados con el dedo, hay ya un grave daño moral producido sin que siquiera se les haya llegado aún a acusar de algo. Y eso puede ser muchas cosas, pero justo, no.
(Una reflexión más, seguramente oportuna. Hay aquí un totum revolutum de presuntas ilegalidades, actuaciones -no delictivas- de ética dudosa y casos de aparente y clamorosa falta de estética. Y enviar el mensaje de que "más o menos" vienen a ser lo mismo no sólo es faltar a la verdad, sino dañar si causa a las instituciones y expandir la idea de que toda la política es un estercolero; y no lo es: en ella abunda la mediocridad, pero no la basura.)
¿Eh...?
