La economía es el fundamento del bienestar de las sociedades, pero necesita para su desarrollo de libertad y competencia para fomentar la innovación. La actividad económica es un factor determinante para la movilidad social de los individuos y grupos. El establecimiento de normas o regulaciones sobre las actividades sociales, no es una acción neutral sino política que favorece y protege los intereses de unos grupos en detrimento de otros. Las administraciones con capacidad regulatoria (europea, central, autonómica, local) vienen desarrollando un intervencionismo burocrático creciente sobre las actividades de la vida cotidiana, de las que se salva la intimidad; de momento. Solamente la UE genera alrededor de 280 normas al mes.
Las regulaciones económicas suelen proteger los intereses de lo viejo, que no acaba de morir (oligopolios, sectores maduros?), algunas tan descaradamente proteccionistas que hasta los propios órganos administrativos de la competencia las impugnan. Estas regulaciones crean restricciones a la innovación emprendedora, a lo nuevo que no acaba de nacer, como es la nueva economía colaborativa. La hiperregulación genera una cultura ritualista y burocrática que enfatiza los "papeles", como paraguas protectores, más que la propia producción de bienes y servicios.
Ciertas regulaciones obligan a los actores que prestan servicios, con escaso valor añadido, pero necesarios para la sociedad (ayuda en el hogar, cuidado de dependientes, ventas varias, reparaciones domésticas, etc.), a cometer lo que Luhmann llama "ilegalidades útiles" por incumplir alguna exigencia regulatoria. Cualquier ámbito innovador que genere cierta demanda social se expone a la demanda de viejos sectores para proteger sus intereses. Así, los hosteleros lograron una regulación de los "furanchos", que estable burocráticamente el tipo de bebidas y de tapas que pueden servir.
El sector hotelero, para eliminar la competencia de nuevas formas innovadoras y económicas de alojamiento, logró regulaciones del alquiler vacacional que impiden al consumidor la capacidad de elección al establecer burocráticamente cuestiones como: cuantos días puede alquilar, que la vivienda esté lejos de la playa, que se garantice determinada temperatura, etc. El objetivo es destruir las pequeñas fuentes de rentas de las inversiones de las bajas clases medias con las que dos de cada tres propietarios pagan su hipoteca. En el mundo rural, las regulaciones han favorecido los mayoristas y distribución, como es el caso de la leche. Recientemente se reguló la venta directa de productos del campo que establece incluso la cantidad de huevos que pueden vender.
La regulación de mayor impacto social es la que protege el oligopolio eléctrico, que encarece la factura y al mismo tiempo impide alternativas innovadoras a los consumidores con el "impuesto al sol" y a las baterías. Todo esto contribuye a generar un sistema de desigualdad en el que ciertas élites extractivas, que capturan rentas de la ciudadanía son protegidas bajo el paraguas regulatorio, al tiempo que se establecen barreras al emprendimiento, la innovación, la competencia y en general a los intentos de las clases populares por generar rentas.
El resultado es un "capitalismo de amiguetes", como en la película "La escopeta nacional" de Berlanga, de manera que cuanto mayor es la regulación mayor es la posibilidad de prácticas colusivas, corrupción y poder funcionarial. Por ello es necesario parar la máquina regulatoria de la vida cotidiana y dejar espacios de libertad, ya que la hiperregulación termina siendo un arma de destrucción de las clases populares emprendedoras y al mismo tiempo de deslegitimación de los gobernantes.
*Sociólogo
